En un tiempo convulso, en el que se plasma cada vez más la “tercera guerra mundial a pedazos” que intuyó Francisco y contra la que hoy clama León XIV, el presidente estadounidense, Donald Trump, incrementa el ritmo en situaciones como que su país amenace con hacerse por la fuerza con Groenlandia o se retire de 66 organismos multilaterales, como la Convención del Clima de la ONU. Sin olvidar que, tras el asesinato de una mujer al huir de un control policial en Minneapolis, haya sentenciado sin más que pertenecía a la “izquierda radical”.
Ante la desazón por lo que pueda estar por venir, en este inicio de año, sana el alma ampliar la mirada y agarrarse a referentes de una fe encarnada en la fraternidad y los derechos humanos. Uno de ellos es el jesuita indio Stan Swamy, que murió el 5 de julio 2021. Al cumplirse este curso cinco años, hay que recordar que falleció con 84 años, enfermo de Parkinson… y encarcelado desde el octubre anterior. Todo ello pese a que la Iglesia local y numerosas entidades civiles clamaron por su liberación.
Referente en la defensa de las minorías del país asiático, fue detenido en su residencia en Ranchi tras ser acusado por la policía de tener “vínculos con grupos extremistas maoístas y naxalitas”. Aunque resultó significativo que, junto a él, ese día fueran detenidas 16 personas, en su mayoría, abogados y escritores comprometidos en la defensa de los derechos humanos.
Todo ello llevó a la Compañía de Jesús (empezando por su prepósito general, Arturo Sosa) a denunciar internacionalmente que la Administración india estaba llevando a cabo una oleada represora de los defensores de las minorías. En el caso de Swamy, se le perseguiría por su impulso de Bagaicha, un centro de acción social dirigido por los jesuitas y en el que, tras fundarlo, había trabajado los últimos 15 años, siendo su motor la defensa y protección de los derechos de los ‘adivasis’ indígenas.
De hecho, el religioso ya fue detenido en 2018 y 2019, mientras apoyaba la protesta pacífica y no cesaba en su empeño de señalar que los ‘adivasis’ padecen métodos represivos por parte del Estado y la policía, viendo cómo les roban sus tierras sin el debido proceso legal de consulta. También habían documentado numerosos casos de ‘adivasis’ encarcelados injustamente.
Dos días antes de su arresto, Swamy grabó un vídeo en el que denunciaba sin ambages la realidad local: “Lo que me está sucediendo no es algo que me pase a mí solo. Es un proceso más amplio que está teniendo lugar en todo el país. Prominentes intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, estudiantes y líderes son encarcelados por expresar su disentimiento o por plantear preguntas sobre los poderes dominantes de la India. En cierto modo, estoy feliz de ser parte de este proceso. No soy un espectador silencioso, sino parte del juego, y estoy dispuesto a pagar el precio, sea cual sea”.
Agradecido por las muestras de apoyo recibidas desde su detención, a nivel nacional e internacional, esos días se difundieron unos versos del propio Swamy desde la cárcel: “Que el nuevo despertar / encienda una nueva llama / en nuestros corazones. / Que la nueva llama / nos ayude a discernir la verdad / de la falsedad / y aferrarnos a la verdad. / Que la verdad nos envalentone / para decir la verdad al poder / y a prepararnos para pagar el precio”.
Menos tenemos que esperar para ofrecer nuestra memoria agradecida a otra referente universal de esa fe encarnada. Será el 2 de marzo, cuando se cumplirán 10 años del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres. Confundadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), dedicó buena parte de su vida a defender al pueblo lenca y a clamar contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca, impulsada por la empresa DESA. Tras varias amenazas contra ella, fue asesinada a dos días de cumplir los 45 años. Pero no fue hasta 2021 cuando un tribunal condenó a Roberto David Castillo Mejía, directivo de DESA, como “coautor” del crimen.
En esta década, Cáceres, muy implicada también a nivel eclesial, no ha dejado de ser un icono mundial de la defensa de los más vulnerables. Aunque el mejor modo de acercarse a su figura es acudiendo al testimonio que, en 2018, ofrecieron a Vida Nueva dos de sus amigos y compañeros, Pedro Landa y Consuelo Soto. Traídos a España que “vivimos bajo una dictadura”. Un “régimen” cuyo fin ni siquiera es ideológico, pues su verdadero objetivo es vender enormes porciones de su tierra y ponerlas al servicio de un “conglomerado internacional” que se beneficia económicamente de un modo extraordinario gracias a que puede despojar de sus hogares a las comunidades indígenas que viven allí desde hace siglos.
Landa, ambientalista y referente en la lucha contra la minería desde hace dos décadas, este miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la Compañía de Jesús, fue claro en su denuncia: “Más del 70% de la población es consciente de que en las últimas elecciones presidenciales ha habido un fraude por parte del Gobierno de Juan Orlando Hernández. No reconocemos al presidente como legítimo, por lo que defendemos que nadie debe obediencia a un usurpador, tal y como manda nuestra Constitución de la República en su artículo 3º”.
Llama poderosamente la atención comprobar cual era la situación en ese 2018, con un Orlando que acabaría siendo condenado en Estados Unidos como agente del “narcotráfico” (y absuelto ahora por Trump), y lo es hoy, cuando acaba de haber otras elecciones en Honduras en las que se ha impuesto Asfura, aliado de Trump y con muchas acusaciones de corrupción en su contra, denunciando el resto de oponentes electorales que ha habido un “fraude”…
Entonces, la oposición salió a la calle y apostó por “manifestaciones, bloqueos de vías y la búsqueda de un posicionamiento de la comunidad internacional”. Pero, pese a no recurrir a la violencia, sí se topó con la represión, “habiendo ya 38 asesinados en estas semanas; 16 de ellos, por heridas de bala a cargo de policías”. El fin último, para Landa, era evidenciar que “estamos ante un régimen extractivista que ha hecho de esta política su pilar fundamental”.
Algo que documentó con un alud de datos: “En cuanto a la minería, han aprobado 587 proyectos y otros 324 están en trámite. En total, el Gobierno sabe que hay más de 900 zonas de explotación. En 2015, encargó a una empresa alemana un estudio en el que identificara todas las reservas mineras del país. Con esos datos, se ofrece a las empresas que exploten a los recursos. Se trata de una subasta… En realidad, lo que se subasta es el país”.
Respecto a la energía hidráulica, el miembro del ERIC explicó que “se han aprobado 123 pequeños medianos y pequeños y otros 52 grandes”. Estos últimos, reclamaba indignado, lo fueron de un modo “completamente irregular, en el último día del mandato de Hernández antes de las elecciones, siendo un Gobierno cesante. Los 52 proyectos se aprobaron en el Congreso todos juntos, en una sola jornada”.
Parecida era la situación con la energía solar (el Ejecutivo había puesto en marcha 34 parques solares, de los que ya funcionaban cuatro) y con la eólica (17 parques). Más allá, “el Estado ha concesionado irregularmente, de modo directo, más de 300.000 kilómetros cuadrados de la plataforma marítima continental que se dedicará a la explotación petrolífera”. Significativamente, el negociador de este macroproyecto “es ahora el nuevo Defensor del Pueblo…, cuando no tiene ni idea de derechos humanos, solo de derecho marítimo”.
Con todo, la propuesta gubernamental más polémica fue entonces la Ley de Ciudades Modelo, de 2013, “por la que se vendían porciones de tierra para que quien las comprara pudiera tener en ellas el control absoluto, pudiendo crear incluso su propia jurisdicción o su sistema de seguridad”. Tras la denuncia de varias organizaciones, entre las que estuvo el ERIC, el Tribunal Constitucional echó abajo el proyecto por considerar que implicaba una pérdida de la soberanía nacional, dando paso a estados dentro del Estado.
Sin embargo, la victoria duró poco: “Hernández logró la destitución de cuatro de los cinco magistrados que votaron contra el proyecto. El que siguió es hoy el Fiscal General del Estado…”. Tras este “segundo golpe de Estado” –Landa reivindicaba que “el primero fue el que sufrió Manuel Zelaya en 2009”–, al proyecto “se le cambiaron dos párrafos y el título, y ya sí que se aprobó”.
Como denunciaba el representante de la organización jesuita, “esto afecta a 23 zonas del país”, siendo “los más interesados en ello países como China y Corea, que ya ha iniciado la construcción de su primera ciudad en el Pacífico hondureño”. El objetivo es crear un canal interoceánico (“ya se ha construido el 60%”) para el comercio de mercancías. Aún más, “empresas como las españolas Iberdrola y Gamesa, la inglesa BG Group o el holding italiano Colacem” están detrás de todo, impulsando “un monopolio” para el que necesitan como socios a empresarios locales.
En la misma línea estaba en ese momento el Proyecto SIEPAC, para toda Centroamérica, “que en la práctica consiste en generar un banco de reserva energética para Estados Unidos, en previsión a un tiempo en el que pueda necesitar esa energía”. Ante ello, constataba dolido Landa, “la realidad es que Centroamérica pone los muertos y las tierras, siendo el patio trasero de los estadounidenses, cuyo presidente, Trump [entonces en su primer mandato], además nos estigmatiza y nos cierra sus fronteras, creando aquí un muro virtual aparte del muro físico de México”.
La cara oculta de esta estrategia, apuntalaba, es que, “al declararse todos estos proyectos como bienes de interés público, no consultan a las comunidades locales, en su mayoría indígenas”. ¿Y qué ocurre cuando estas se oponen? “Se las criminaliza, se las amenaza y se hostiga a sus líderes, acusándolos de delitos falsos. Ahora mismo, más de 600 defensores del territorio han de afrontar juicios”. Algo que ejemplifica con un caso concreto: “Una entrañable anciana, que es panadera, ha sido acusada de fabricación de armas de guerra… Le colocaron morteros en su zona y la inculparon”.
En medio de este ambiente de tensión, el representante del ERIC señalaba que “el ejército y la policía tienen intereses en que estos proyectos salgan adelante, pues una parte de sus presupuestos se destina a la seguridad, encargada a ellos. Una estrategia por la que el Estado consigue que las fuerzas militares sean en la práctica ‘accionistas’. Así, lo primero que se hace al iniciarse toda obra es colocar el destacamento policial”.
En los casos más graves, “el trabajo se encarga a sicarios, que son los que matan a los líderes sociales”. Una denuncia que amparó Global Witness, que declaradó que Honduras es “el país más peligroso del mundo para los ambientalistas”. Y es que, desde 2010, han sido asesinados 127 de ellos…, “quedando el 97% de los casos en la total impunidad”.
Todo ello lo padeció, con toda su crudeza, Consuelo Soto, indígena tolupán en Locomapa, una comunidad rural en el Departamento de Yoro, y quien entonces ya llevaba más de una década luchando frente a los intereses madereros en la defensa del bosque y de la soberanía territorial.
Su trabajo fue clave para detener la instalación de una mina de antimonio en su tierra, pero pagó un precio enorme por ello: “En 2012 convocamos una manifestación, una de las pocas herramientas que tenemos, pues pedimos consultas populares que avalen los proyectos y ni nos escuchan… Ese día, los sicarios asesinaron a tres compañeros en mi comunidad. No fue algo casual, pues iban con una lista en la que aparecían ocho hombres más, entre ellos el mío. Yo me acababa de ir cinco minutos antes. Volví, dispuesta a morir como ellos, pero la gente me protegió. Al día siguiente, con mis siete compañeros, tuvimos que marcharnos del pueblo”.
Tras pasar “un año escondidos en la ciudad”, ella “echaba de menos las tortillas con frijoles de mi tierra. Me dolía tener que estar oculta como una criminal, cuando los asesinos eran ellos”.
Pasado ese tiempo, regresaron a casa. Pero, en 2015, los sicarios mataron a su marido y ella tuvo que huir otra vez. Al cabo de un mes, volvió. Aunque, esa misma noche, sufrió otro atentado, debiendo esconderse durante seis meses más. Su vida pendía de un hilo, y encima se encontró con que el proyecto que había conseguido echar atrás había vuelto a presentarse. Tocaba volver a luchar. Y sin miedo. Y eso que, “salvo uno, el resto de los asesinos siguen libres. Pero ni les temo ni dejaré de luchar contra su impunidad”.
Esa charla de 2018 con Landa y Soto concluía en clave de esperanza. Y de memoria agradecida, con el recuerdo de una Berta Cáceres con la que ambos habían compartido su lucha durante años: “Tras el duro golpe que supuso su asesinato, vamos a continuar su legado, si cabe, con más compromiso”. Y es que, como concluía la indígena tolupán, “ella no ha muerto en nuestro corazón originario”.
