Israel Bravo Cortés, obispo de Tibú, ha denunciado, en entrevista con Noticias Caracol, que el conflicto armado en el Catatumbo “no ha parado” desde que inició en enero de este año.
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Es más, los últimos desplazamientos reportados no son nuevos, “se han dado a lo largo del año”, lamenta el obispo. Unos son más selectivos, otros graneados, pero de lo que sí esta seguro es que son “permanentes”.
Incluso ha dicho que en su diócesis han habilitado refugios durante todo el año en articulación con las autoridades “en la medida de lo posible”. Por eso cree que este fenómeno es una constante en la región.
Todo ello ha generado incertidumbre, miedo, zozobra, entre la población que es la más afectada en medio de este conflicto armado. Se trata de una violación de de derechos humanos prolongada sin una solución a la vista.
Políticas de paz
Bravo denunció que las guerrillas están restringiendo el ingreso de personal médico y ambulancias al territorio, puesto que cuando se presentan situaciones de emergencias “llegan hasta cierto punto y los hacen regresar”.
Invitó a los actores armados a tener coherencia, porque cuando “uno dialoga con ellos, siempre manifiestan que van a respetar el Derecho Internacional Humanitario, pero en la práctica y en la realidad pues esas cosas no se dan”.
Desde la declaratoria de paro armado, el 14 de diciembre, en contra de las políticas imperialistas de Estados Unidos, como según argumentaron los guerrilleros, el prelado indicó que el corredor Tibú- Tarra está cerrado.
Ello ha restringido la movilidad de la población, “se mueven en motocicletas pero corriendo riesgos”. Se trata de una situación “bastante tensa” a pesar de que el Ejército nacional esta militarizando la zona.
Sin embargo, no se trata de que “el territorio se llene de militares” – sostiene – sino de que el Gobierno implemente políticas de paz reales y no se quede en promesas, que “todo el dinero que dice va a invertir, lo invierta”. En definitiva, acabe con la peor de las pestes, la del olvido.