Eucaristía en el Valle de los Caídos
Los benedictinos del Valle de los Caídos han lanzado un órdago al Gobierno que, según ha confirmado ‘Vida Nueva’, no cuenta con el respaldo de la Santa Sede. Hace unos meses, los monjes decidieron interponer un recurso administrativo contra el concurso de resignificación de Cuelgamuros convocado con el Gobierno. Esta apelación formulada por la comunidad podría frenar en seco la reforma del enclave, lo que a su vez habría provocado la ira de Moncloa.
Tanto es así que esa habría sido una de las razones principales que habría llevado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a viajar a Roma el pasado 24 de octubre para reunirse con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. En la reunión mantenida entre ambos, Bolaños expresó al ‘premier’ vaticano su empeño de expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos, como respuesta a la cerrazón de los monjes. Eso sí, el ministro habría expresado la posibilidad de que otra comunidad religiosa sustituyera a la actual.
Como ya adelantó esta revista, uno de los nueve recursos que solicitan la suspensión cautelar de todo el proceso de resignificación, tenía un sello eclesial. Pues bien, es la comunidad contemplativa quien está detrás, tal y como constató ayer Religión Confidencial. Ya el pasado mes de mayo el Ministerio de Vivienda denunció, sin citar expresamente a los monjes, que estos recursos ante el Tribunal Administrativo se habían realizado “de forma coordinada” con el fin de “perturbar el buen transcurso del procedimiento de contratación, siendo todos coincidentes en forma, contenido y fecha de presentación”.
La decisión de la comunidad se hizo a espaldas de las negociaciones que se llevaron a cabo entre la Iglesia y el Gobierno. O lo que es lo mismo, no lo sabía el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y se le dio hecho sin margen de maniobra al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que ejerció de interlocutor para abordar el acuerdo marco de la resignificación, aun sabiendo que había sido su valedor ante las pretensiones del Gobierno.
Fue el propio Ejecutivo es el que desveló la medida adoptada por los benedictinos, con el correspondiente enfado de Moncloa, que llegó a pensar que la Iglesia adoptaba un “doble juego”. La desconfianza desatada ha estado a punto incluso de dinamitar el camino compartido.
En el encuentro que hace una semana mantuvo la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con el cardenal secretario de Estado, Parolin habría manifestado una vez más su respaldo a la vía del acuerdo y del diálogo con el Gobierno, frente a la actitud de los monjes. Máxime, después de las explicaciones dadas a por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que detalló ante el ‘primer ministro’ vaticano las líneas generales del proyecto ganador del concurso de ideas establecido por el Gobierno, que respeta la entrada independiente al templo, las esculturas de la Piedad, de las virtudes teologales y de los cuatro evangelistas que están a los pies de la cruz de 150 metros que corona Cuelgamuros.
En cualquier caso, el recurso de los monjes se interpuso antes de conocer el proyecto ganador, por lo que desde Roma confían en que den marcha atrás y lo retiren.
“Es justo situar todo este tema en un contexto donde el actor principal es el Gobierno, que es el que lanza el proyecto, pone los tiempos y las formas”, señaló ayer por la mañana el cardenal arzobispo de Madrid sobre esta cuestión, durante la presentación de memoria de actividades de la Iglesia en la Comunidad de Madrid.
Cobo explicitó que su misión de interlocutor ha sido “entrar en diálogo y hacer valer los distintos bienes religiosos que hay en el monumento y en el proyecto para que se escuche y considere a la Iglesia”. Más allá de esta tarea encomendada y validada por el Vaticano, subrayó que su única competencia sobre el enclave del Valle de los Caídos es “pastoral”. “Cada una de las partes, tanto Santa Sede, como los monjes son soberanos para actuar en su potestad”, aclaró. “El papel de la Iglesia de Madrid y del Arzobispado de Madrid es de papel pastoral, no tenemos más jurisdicción”, sentenció.
Sobre al acuerdo con Moncloa que se forjó a principios de año, se mostró satisfecho de que se lograr cerrar con el Gobierno “un marco mínimo”, que pasaba por “reconocer la basílica, garantizar la presencia de los monjes y la salvaguarda de todos los signos religiosos”.
A partir de ahí, y una vez que el Ejecutivo convoca el concurso de ideas, el purpurado asegura que su papel es “mínimo”, más allá de que el liturgista madrileño Daniel Escobar Portillo asesorara ante el jurado de esta convocatoria para que concretara en qué consiste reconocer “la sacralidad de la basílica y del entorno, un concepto que civilmente pueden ser confusos”. “No hemos estado en el concurso ni participado en la votación”, remarcó el purpurado.
A partir de ahí, apuntó que tanto los monjes como la Santa Sede son ahora los “interlocutores directos” con el Gobierno y serán ellos quienes “tendrán que concretar” cómo se materializa. En cualquier caso, el cardenal de Madrid, hizo hincapié en que “siempre hemos intentado que haya diálogo y hacer valer la presencia religiosa”.
