Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio, reclama por la vía judicial la expulsión de “los ignorados ocupantes” del convento donde fueron trasladadas las mayores en verano
La ex abadesa de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, acompañada de sor Berit
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha notificado hoy día 20 de noviembre de 2025 la demanda de desahucio por precario interpuesta por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, contra las ex clarisas cismáticas que se encontrarían conviviendo con las cinco monjas ancianas mayores en el monasterio de Santa Clara de Orduña.
Así lo ha compartido con la prensa, el equipo de comunicación de la ex religiosas, que detalla que esta petición judicial se dirige contra contra “los ignorados ocupantes que se puedan encontrar” en el convento. Según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’, esta solicitud de expulsión ante los tribunales no se habría producido ahora, sino hace un año, el 15 de noviembre de 2024. Sin embargo, no ha sido hasta el 6 de noviembre de 2025 cuando se ha admitido a trámite.
Desde Belorado aseguran que la actual demanda de desahucio se llevaría por delante a las monjas mayores, “que quedarían a la intemperie o bajo su férula”. Desde el equipo del comisario pontificio aclaran que “es evidente que las hermanas mayores quedan excluidas del desahucio, porque se dirige contra los ‘ignorados ocupantes’, es decir, aquellos que no tengan título legal ni autorización alguna para residir en el inmueble. O lo que es lo mismo, las hermanas mayores tienen título legal para residir en Orduña por ser monjas católicas y, por tanto, constituyen la verdadera comunidad monástica.
De la misma manera, recuerdan que las clarisas ancianas no residen en este convento “por su propia voluntad” y advierten de que el inmueble “no reúne condiciones de habitabilidad, especialmente en invierno”.
La notificación, por tanto, tiene lugar después de que el grupo cismático decidiera sacar de Belorado a las cinco religiosas ancianas el pasado verano y enviarlas a Orduña a la vez que la jueza dictaba el desahucio de aquellas que habían decidido separarse de Roma. En este momento, la fiscal del caso decidió adoptar como medida cautelar que las monjas mayores fueran enviadas a comunidades de auténticas clarisas para que recibieran los cuidados correspondientes. Sin embargo, este traslado no se pudo llevar a cabo.
La ex abadesa, Laura García de Viedma, llegó a interponer una querella contra la jueza tachando su actuación de “detención ilegal”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó hace diez días la pretensión “estrambótica” de la lideresa del grupo cismático. Aun así, las ex monjas de Belorado llegan a decir en su comunicado de hoy que “en el mes de julio de 2025 el mismo arzobispo promovió un procedimiento judicial con el fin trasladar por la fuerza, y separar de las demás con las que conviven por elección”.
Sin embargo, el Arzobispado de Burgos recuerda que “la oposición a la fuerza pública”, por no dejar que las monjas ancianas salieran, “tiene como consecuencia incurrir en un delito de desobediencia, como indicaba el propio auto judicial y que sigue siendo plenamente ejecutivo”.
Además, desde el equipo de Iceta se insiste en que “no hay ningún atropello”, sino simplemente “la restauración de la legalidad”, siguiendo la resolución del Tribunal Supremo que determina que los monasterio de Belorado, Orduña y Derio son propiedad de la Iglesia católica y no del grupo cismático.
