La clase de Reli: referéndum permanente

En pocos días, los alumnos volverán a poblar las aulas de los centros educativos por todo el país. Comienza un nuevo curso en el que se confirma el paulatino descenso de estudiantes que desde hace unos años se está produciendo en las etapas obligatorias –frente a esto, en Bachillerato en el curso 2024/2025 los estudiantes fueron un 1,8% más que el periodo anterior y en FP un 4,7%–. Y es que la bajada de la natalidad y los cambios sociales influyen a la hora de trazar el mapa de la situación de la asignatura de Religión católica.

Esta fue elegida por 56,06% del total de los alumnos, lo que supone algo menos de los tres millones de estudiantes. Este porcentaje baja en el caso de los centros de titularidad pública, con un 42,85% de los alumnos, según las cifras que facilita la Conferencia Episcopal Española. Datos que caen en el caso de la ESO y, sobre todo, Bachillerato, con un solo tres de cada diez estudiantes optando por la materia confesional que cuenta con diferentes configuraciones en función de las autonomías.

Nuevos retos

Para los 36.686 profesores de Religión que hay en España estos datos son algo más que números, cobran rostro en cada estudiante y marcan un futuro que es más vocacional que laboral. Con el comienzo del nuevo curso, en el que el nuevo currículo de 2022 ya está implantado en todos los cursos y etapas, los docentes de esta materia tan peculiar se enfrentan a nuevos retos y desafíos.

Esto lo sabe bien Susana Vilar, maestra desde 1992 y desde hace 20 años presidenta de AMRC (Associació Mestres de Religió de Catalunya), el sindicato mayoritario en número de afiliados y representación sindical en la región. Aunque han conseguido mejoras muy significativas, como la estabilidad en la jornada o que puedan tener cualquier cargo directivo en los centros, hay camino por recorrer.

Desde la entidad saben que empiezan un nuevo curso marcado por la “escasez de profesores de Religión que se produce en la escuela pública catalana”, algo que lleva a que “los centros que llevan un tiempo sin un profesor eliminen la asignatura” de su oferta, y que –al contrario de otras regiones– se da incluso en Primaria. Y es que desde el sindicato evidencian que “las vacantes permanecen sin cubrir durante meses, e incluso años en el caso de Secundaria”, ya que las bolsas de trabajo están bajo mínimos debido a la secularización de la sociedad, los requisitos propios de la comunidad autónoma o también el hecho de que el puesto laboral no es atractivo para jóvenes aspirantes. Esta escasez de profesionales es la que provoca en la escuela pública que “los directores se vean forzados a eliminar de su oferta la materia por la ausencia de profesorado”, explica a Vida Nueva.

Acuerdos insuficientes

Esta problemática es “especialmente crítica en Cataluña frente a otras comunidades autónomas donde la falta de profesorado no es tan notoria”, destaca . Aunque se han implantado medidas transitorias entre los obispos y la Generalitat, no es suficiente. Por otro lado, pese a que el sindicato siempre ha sido muy activo en la pelea –incluso por vía judicial– de sus derechos, hay retos pendientes como el hecho de que se considere a los profesores como trabajadores “indefinidos” –y no fijos–, una figura que ya no existe en la Estatuto de los Trabajadores. Y es que, denuncia, al final “la inestabilidad laboral afecta la calidad y continuidad de la enseñanza”. Esto no es una cuestión menor; por ejemplo, el pasado mes de mayo, el colectivo de personal de Religión presentó 400 reclamaciones administrativas ante elementos discriminatorios como estos.

Por otro lado, proponen que se flexibilicen cuestiones como la elevada titulación exigida para ejercer como profesor de Religión en secundaria, lo que ha impedido que profesionales con otros perfiles –como pueden ser los estudios en Filosofía o Historia– cubran sustituciones. Además, en medio del escenario de la propia escuela pública, pelean por la misma presencia de la materia frente a equipos directivos que bajo la bandera de la laicidad de la educación cierran la puerta a este derecho constitucional que es la materia confesional. Y es que “esta situación es gravísima en Cataluña y ha sido denunciada al Departamento de Educación, que conoce los centros implicados”, denuncia Vilar.