Con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, al frente, los responsables de las diferentes entidades eclesiales que han abanderado la Iniciativa Legislativa Popular que busca regularizar la situación de medio millón de migrantes se han reunido esta tarde con los responsables de los grupos parlamentario socialista y popular en esta materia. Entre ellos, se encontraba el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Miguel Zamora.
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Las dos reuniones respondían a la petición realizada por el arzobispo de Valladolid en la apertura de la Asamblea Plenaria de primavera en la que instaba a la clase política a dar un paso al frente que se complementó con una carta a las formaciones con mayor representación en el Congreso de los Diputados. ¿El resultado de estos encuentros?
Luis Argüello responde: “Hay un deseo grande por parte del grupo parlamentario socialista de que esto responda a un acuerdo parlamentario lo más amplio posible y, a su vez, el Partido Popular quiere que se aseguren determinados requisitos, tanto de carácter regulativo y personal como económico, para poder abordar con realismo y con eficacia esta problemática”.
Llegar a un acuerdo
“Dentro de este deseo de mediación de la Conferencia Episcopal, hemos instado a un grupo y a otro a buscar la manera de llegar a un acuerdo y, en todo caso, de buscar la vía precisa, ya sea iniciativa legislativa o vía administrativa para solventar la situación de estas personas”, expuso esta tarde el obispo tras las citas en un encuentro con medios en la Carrera de San Jerónimo.
El presidente de los obispos calificó de “cordiales” ambos encuentros, en tanto que la Iglesia ha podido expresar “nuestros planteamientos” y los grupos han planteado “sus respectivas dificultades”. “Tratamos de ayudar a encontrar una solución”, expuso Argüello en ese empeño de ser puente. En este sentido, desveló que ante socialistas y populares visibilizaron “rostros y situaciones de personas concretas que acompañan las diversas entidades eclesiales, desde Cáritas a congregaciones y otro tipo de asociaciones”.
Limbo jurídico
Ante los periodistas, el prelado lamentó que tras aprobarse el reciente reglamento de la Ley de Extranjería, los migrantes hayan quedado “en una situación prácticamente de limbo jurídico”.
Sobre la parálisis de esta iniciativa después de que fuera aprobada su tramitación en el Congreso, el arzobispo le restó importancia y puso en valor cómo “hay una propuesta nueva por parte del Gobierno de querer reactivar” con algún matiz en lo que se refiere al marco temporal que afectaría.
Iniciativa social
“En todo caso, a un grupo político y a otro les hemos hecho caer en la cuenta de que la iniciativa ha sido una iniciativa social, que no responde a ningún acuerdo del Gobierno ni a iniciativa de ningún grupo parlamentario, sino que parte de lo que habitualmente solemos llamar sociedad civil o tercer sector, con una importancia grande las organizaciones eclesiales”, señaló el arzobispo. E insistió a renglón seguido: “Esto ha venido de fuera hasta aquí, a la sede de la soberanía nacional”.
Por eso, confía en que “pueda dar pie a un acuerdo político amplio”, en tanto que “no venimos aquí con un proyecto político, venimos aquí con la situación de personas concretas”. De la misma manera, reconoce también diferencias entre las fuerzas políticas en cuestiones como el reconocimiento del arraigo o el hecho de que la regularización solo se haga si la persona tiene un contrato laboral.