Se cumplen diez años de la publicación de los ‘motu proprio’ que reformaban el proceso de las nulidades matrimoniales para agilizarlas y hacerlas más accesibles: ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’ y ‘Mitis et Misericors Iesus’. Por este motivo, hace unas semanas, el papa Francisco centró su discurso con motivo del nuevo año judicial a esta materia ante los responsables del Tribunal de la Rota Romana, con el decano español Alejandro Arellano al frente.
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En su intervención, el Pontífice se lamentó de que “es triste saber que los fieles” desconocen todas las posibilidades que la Iglesia ofrece como la gratuidad, además de destacar el hecho de que las diócesis han de contar con tribunal propio, con personas “bien formadas”, compuesto tanto por clérigos como por laicos. En concreto, sacó pecho de unos cambios que han buscado simplificar los trámites sin que se vea mermada la calidad de las sentencias, como el hecho de suprimir la doble sentencia en determinados casos. En paralelo, Arellano definió la reforma como “operativa en la letra y en el espíritu, sin rigorismos estrechos ni laxitudes arbitrarias, con el compromiso constante de interpretarla según sus principios inspiradores y vuestro magisterio, aplicándola con cuidado y realizando siempre una síntesis fecunda entre caridad y justicia”.
Esta preocupación del Obispo de Roma podría traducirse en cierta desidia en las Iglesias locales. ¿También en España? “El espíritu de la reforma sí va calando, pero no se está desarrollando en plenitud, en algunos puntos se aplica parcialmente”, asegura a ‘Vida Nueva’ Carmen Peña, catedrática de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas y presidente de la Asociación Española de Canonistas.
Así, echa mano de un sondeo realizado hace un par de años por la Asociación que apuntaba que un tercio de las diócesis españolas reconocían que algunos aspectos de los ‘motu proprio papales’ no se habrían aplicado. Eso sí, Peña advierte de que este estudio es meramente orientativo, sin validez estadística definitiva, en tanto que la mitad de los tribunales no contestaron a la petición hecha por la asociación.
Resistencia apriorística
La principal objeción para aterrizar la reforma bergogliana se encontraría en las dificultades para materializar el proceso breve para conceder nulidades, que son aquellas en las que se trata de casos evidentes y de mutuo acuerdo. “Es llamativo que en algunas diócesis no se haya tramitado ni un solo proceso por esta vía rápida”, expone la catedrática, que defiende que “está perfectamente regulada y con todas las garantías”. “Si se cumplen los requisitos para aplicar el proceso breve, no debería haber una resistencia apriorística”, apostilla. ¿Habría una oposición ideológica detrás de esta falta de implicación? “No lo creo”, asevera, abordando la ecuación desde otros factores.
Otras fuentes eclesiales consultadas por ‘Vida Nueva’ apuntan que “los obispos tienen miedo al proceso rápido porque no son canonistas y, antes de meterse en un lío porque son los últimos responsables de cada caso, huyen de la vía y, para no mojarse, continúan apostando por el proceso ordinario, con la pérdida de tiempo y recursos que conlleva”.
“No se atreven, no porque vayan contra el Papa ni por mala voluntad”, insiste este experto que asegura, tras consultar a algunos de ellos, que “se ven impotentes para hacer frente a un asunto tan específico sobre el que no saben cómo resolver, les da pavor declarar nulo un matrimonio sin que hayan conocido hasta el último detalle”. “Para solventar este hándicap sería tan fácil como rodearse de un buen equipo y confiar”, apostilla el canonista consultado.
“Tienen que asumir que la administración de justicia es esencial en su ministerio, no es una actividad más que se debe obviar o esquinar”, señala otro canonista que propone a los obispos crear una comisión al respecto para saberse respaldados y asesorados.
Otra vía para solventar este temor es crear, a la manera italiana, tribunales regionales interdiocesanos para concentrar recursos y permitir que no se acumulen causas.
En línea con esta reflexión, Peña considera que haría falta más inversión en formación para que los miembros de los tribunales se actualicen en todos los pormenores que implican las novedades introducidas por la Santa Sede para que “conozcan a fondo las nuevas leyes y se aplique con el espíritu que requiere”. “Para ello, es necesario una implicación del obispo y del vicario judicial para dotar de medios”, apunta la especialista. A la par, también reclama un especial tino en el proceso de selección de los componentes de los tribunales para que, además de la pericia técnica y el conocimiento canónico que se precisa, “también aporten sensibilidad pastoral”.
