La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha ha justificado su inacción frente a las denuncias sobre posibles terapias de conversión para homosexuales recibidas hace dos años, señalando que no se actuó debido a la falta de elementos objetivos que permitieran iniciar cualquier acción al respecto.
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Este pronunciamiento responde a las críticas vertidas por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que recientemente presentó una denuncia contra el Arzobispado de Toledo, actualmente investigada por la Fiscalía. La asociación acusa al Gobierno autonómico de haber tenido conocimiento de estos casos desde diciembre de 2022 y de haber desestimado las denuncias, tachando la actitud del Ejecutivo de “hipocresía”.
“No había pruebas concluyentes”
En declaraciones a la Agencia EFE, la Consejería de Igualdad ha explicado que los servicios técnicos analizaron en su momento las denuncias y la información disponible, concluyendo que no existían elementos suficientes para emprender acciones legales. Según el análisis realizado, los datos recabados no permitían catalogar los hechos como terapias de conversión.
La Consejería también ha puntualizado que, incluso en el marco actual, las informaciones relacionadas con estos casos se centran en cuestiones vinculadas a la “castidad” y no en procedimientos de conversión. No obstante, el organismo reafirma su compromiso con los derechos del colectivo LGTBI y asegura que seguirá de cerca las investigaciones abiertas por la Fiscalía. “Actuaremos si las indagaciones determinan que es necesario”, ha afirmado la titular de Igualdad, Sara Simón.
Por su parte, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión insiste en que estas prácticas violan los derechos humanos y vulneran la dignidad de las personas del colectivo. Han solicitado una actuación más contundente de las instituciones para evitar que este tipo de casos queden impunes.