Cumbre entre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la Conferencia Episcopal Española a costa del veto del Obispado de Segovia para comulgar a una pareja gay en la localidad de Basardilla y al alcalde de Torrecaballeros, también homosexual. Según desveló la propia política socialista y ha podido confirmar a ‘Vida Nueva’, mañana tendrá un encuentro con los responsables episcopales para transmitirles su malestar al considerar que negar la comunión a un homosexual es “claramente y abiertamente inconstitucional”. Es más, la titular de Igualdad quiere llevar el asunto al Tribunal Constitucional al considerar que se vulnera el artículo 14: “No se puede discriminar a un ciudadano LGTBI”.
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A preguntas de ‘Vida Nueva’ sobre la “inconstitucionalidad” que defiende la ministra, fuentes jurídicas cercanas a los obispos españoles explican que “estamos ante una cuestión exclusivamente interna de la Iglesia Católica”, en tanto que “la Constitución proclama la aconfesionalidad del Estado español”. “Esto implica el deber de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa”, comentan desde el entorno episcopal. “Además, el Estado español garantiza el libre ejercicio de la actividad de todas las confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica, y su derecho a autoorganizarse, señalar sus propias normas y principios, o proponer su doctrina, todo ello con inmunidad de coacción y sin injerencia por parte de los poderes públicos», apuntan.
Ningún recorrido
“Llevar al Constitucional este asunto no tiene absolutamente ningún recorrido posible”, relata un experto en derecho civil y canónico a esta revista, que echa mano de la Ley de Libertad Religiosa, que “expresamente” reconoce “la autonomía organizativa de las confesiones religiosas” que amparan “todas las democracias europeas”.
“Nos puede doler, y puede ser pastoralmente cuestionable, pero en la Iglesia existen unas normas que se aplican a todos los fieles, independientemente de su identidad sexual”, dice este reputado canonista sobre el veto llevado a cabo en Segovia.
Obligación de neutralidad
Más allá de su reflexión personal, se muestra contundente con la postura de Moncloa manifestada por Redondo: “Sería una intromisión inadmisible del Estado, que tiene una obligación de neutralidad absoluta en materia religiosa, en la vida de las confesiones”.
Incluso, lleva más allá el debate abierto por la ministra: “¿Sería concebible que mañana el Tribunal Constitucional se tenga que pronunciar y obligar a un seminario o a un instituto religioso a admitir a una mujer a la ordenación sacerdotal en aplicación del artículo 14 de la Constitución Española?”.
Para el experto en Derecho, recibir el sacramento de la comunión “es una cuestión moral, de vivir en una situación irregular, que se aplica a todos, sea una pareja gay o heterosexual”.