El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU signa, entre otros, el derecho a la vivienda. Aunque, consagrado en tantas cartas magnas de todo el mundo (nuestra Constitución de 1978 no es una excepción), es demasiadas veces papel mojado.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Bien lo sabe la trabajadora social Alejandra Hernández, coordinadora del proyecto Base 25, de Cáritas Tenerife, que, al nacer en 2017, adoptó ese nombre para no perder la referencia de un compromiso social que jamás debería ser una utopía: “En nuestra Cáritas, venimos de una trayectoria de 40 años de trabajo acompañando en casas de acogida a personas que han perdido su hogar. Actualmente, son siete espacios en los que atendemos a diferentes perfiles (madres solas o con hijos, hombres o mixtos). Pero llegó un momento en el que quisimos adelantarnos a esta realidad y trabajar para que la gente no llegue a perder su vivienda”.
Conocer los propios derechos
Así fue como, en la localidad tinerfeña de La Laguna, nació Base 25, pensado como un recurso dirigido a personas expuestas a un posible desahucio, “que se puede producir por muchas causas: por problemas para pagar el alquiler, por finalizar el contrato firmado con el dueño, por estar el inquilino en un proceso jurídico al tener contraída una deuda…”. Pero, al igual que hay muchas situaciones que llevan a ello, las 14 personas comprometidas en el proyecto (desde trabajadores e integradores sociales a abogados) tienen claro que “también hay muchos argumentos jurídicos que protegen a quien está a punto de perder su casa”.
Así, “el gran problema es que mucha gente no conoce los derechos que les amparan en una situación así”. De ahí que el objetivo sea “visitarles en casa y tener un contacto muy estrecho con ellos, para que nos tengan al tanto de todo y así poder acompañarlos del mejor modo”.
Cáritas Tenerife, con el derecho a la vivienda
La persona, en el centro
Lo que pasa por ofrecerles información y consejos jurídicos, sí, “pero también por una presencia integral en la que la base de todo sea la humanización, centrada en la persona misma”. Y es que, muchas veces, “lo que necesitan es un apoyo emocional y poder hablar de lo que están viviendo”. En coyunturas de “gran tensión y oscuridad, se trata de abrir las ventanas y de que entre la luz en forma de una seguridad de que no están solos y de que solo deben poder ampliar la mirada”.
Además de que es un hecho que, gracias a su acompañamiento, son muchos los que salen adelante: “El año pasado pudimos responder en el proyecto a 1.700 personas en hasta 685 hogares. Desde 2017, hablamos de 5.360 personas en 2.236 familias”. En este sentido, el perfil de las personas a las que ayudan a mantener su vivienda “nos muestra que, en un 80%, son gente con problemas para poder pagar el alquiler. El 60% son españoles; el resto son de muchas nacionalidades, aunque la mayoría hoy son venezolanos. En cuanto al sexo, la mayor parte son mujeres, solas o con hijos a su cargo”.
Pese a las muchas dificultades, “te llenan el alma historias como la de esa mujer con un largo historial de desahucios, que ha sido víctima de violencia de género y que, al poder ayudarla, al despedirnos, te dice esto: ‘Gracias por estar siempre ahí, conmigo’”. Frente a la realidad de “una administración burocratizada”, ellos son vigías del artículo 25. Lo que pasa por “conocer, visitar y estar con las personas”.
