“Es totalmente legítimo que un sacerdote se niegue personalmente a realizar las bendiciones descritas en Fiducia porque cree que hacerlo socavaría la fortaleza del matrimonio, pero es particularmente preocupante en nuestro propio país que la oposición a Fiducia se centre abrumadoramente en bendecir a aquellos que tienen relaciones entre personas del mismo sexo, en lugar de a muchos más hombres y mujeres que están en relaciones heterosexuales que no son eclesialmente válidas”. Así de tajante se ha mostrado, tal como recoge Crux Now, el cardenal de San Diego, Robert McElroy.
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De esta manera, y sin especificar qué tipo de relaciones no “eclesialmente válidas” tenía en mente, McElroy bien podría estar refiriéndose, por ejemplo, a parejas divorciadas o que conviven fuera del matrimonio. “Si la razón para oponerse a tales bendiciones es realmente que la práctica desdibujará y socavará el compromiso con el matrimonio, entonces la oposición debería centrarse al menos igualmente en las bendiciones para estas relaciones heterosexuales”, aseveró. “Todos sabemos por qué no es así”, añadió McElroy, atribuyéndolo a “una animadversión duradera hacia las personas LGTBI”.
“Es crucial enfatizar que Fiducia simplemente aclaró preguntas sobre la permisibilidad de que un sacerdote bendiga pastoralmente a personas en uniones irregulares o homosexuales en un entorno y de manera no litúrgica”, continuó McElroy, asegurando que “no se ha realizado ningún cambio en la doctrina”.
La oposición de muchos obispos
Asimismo, subrayó que, desde la publicación del documento, “hemos sido testigos de la realidad de que los obispos en varias partes del mundo han tomado decisiones radicalmente divergentes sobre la aceptabilidad de tales bendiciones en sus países, basadas sustancialmente en factores culturales y pastorales, así como en el neocolonialismo”.
“Esto es descentralización en la vida de la Iglesia global”, dijo McElory, quien, si bien dio a entender que tales diferencias, en principio, pueden ser positivas y reflejar la adaptación a las culturas locales, insistió en que la descentralización “no debe oscurecer de ninguna manera la obligación religiosa de cada iglesia local de proteger con justicia y solidaridad a las personas LGTBI en sus vidas y en igualdad de dignidad”.
