“Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”. Así rezará pronto el artículo 49 de la Constitución. El Congreso aprobó el 18 de enero la reforma para sustituir el término ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’.
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El texto salió adelante con 312 votos a favor y 32 en contra. Y es que, la iniciativa impulsada por el PP y el PSOE y avalada sin enmiendas por todos los grupos, se encontró de frente con los diputados de Vox. Pese a la negativa de la extrema derecha, el Senado dio luz verde este 25 de enero y la ley entrará en vigor 15 días después. Se trata de un inédito acuerdo entre los populares y los socialistas en medio de la escalada de crispación política que el partido de Santiago Abascal no parece dispuesto a frenar.
Esta es la primera reforma social de la Carta Magna en estos 45 años y responde a las constantes peticiones de las personas con discapacidad. Entre ellos, el padre sinodal Enrique Alarcón. “Es importante que por fin se haya dado respuesta a una de las reivindicaciones históricas del colectivo. Era vergonzante que se siguiera utilizando esa palabra. En el lógico proceso de adecuación del lenguaje hemos pasado de subnormales o disminuidos a inválidos o minusválidos, pero el verdadero cambio es el título de personas, eso sí es lenguaje inclusivo, porque incluso si se nos llamara discapacitados se nos estaría incapacitando. Este cambio constitucional nos da dignidad”, señala a Vida Nueva el ex presidente de la FRATER (Movimiento especializado de Acción Católica en el mundo de la discapacidad).
Valor político
Para la actual presidenta, Marisol García, “este avance representa un respeto para las personas con discapacidad, a las que se nos ha prejuzgado con palabras que no representan todas nuestras posibilidades, nuestra valía pese a cualquier circunstancia que podamos vivir”. Pero también considera que este acuerdo le aporta valor a la clase política al reconocer que “esa terminología no era la adecuada”, porque “no podemos encerrar las posibilidades de cada uno en unas palabras”.
Por su parte, Isabel Cano, que imparte catequesis a personas con discapacidad en la parroquia de Santa María Madre de Dios (Tres Cantos, Madrid), también celebra este cambio, porque “las palabras son muy importantes: se trata de respetar a la persona, de ponerla en su lugar”.
