El programa del PSOE para las elecciones generales del próximo 23 de julio rebaja la presión sobre la Iglesia. Al menos si se compara con las líneas generales que se marcaron en los comicios de noviembre de 2019. La principal novedad es la desaparición de la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado, que en aquel momento se situaba como un objetivo “en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa”.
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Es más, en aquel momento, los socialistas se marcaban la siguiente meta: “Impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica”. Para la próxima legislatura, en caso de conformar gobierno, no se plantean romper con lo que en otros tiempos fue el “concordato”.
Sociedad plural e inclusiva
En el programa del 23-J, al abordar la necesidad de “profundizar en la convivencia de una sociedad plural e inclusiva”, el horizonte que plantea el equipo de Pedro Sánchez es el siguiente: “Reforzaremos las políticas de neutralidad religiosa en actos públicos y de representación del Estado, respetando todas las creencias y convicciones religiosas y cumpliendo el principio constitucional de laicidad”.
O lo que es lo mismo, se mantiene el empeño laicista, pero se plantean otras vías para lograrlo. En este sentido, tampoco aparece de manera explícita la aprobación de una futura ley de libertad de conciencia, aquel borrador que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a formular, pero que acabo metiendo en un cajón. Aunque en algún momento durante la extinta legislatura se barajó la posibilidad de reactivarla, tampoco llegó a término.
Bienes inmatriculados
Tras la anunciada revisión de “los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia” incluidos en el anterior programa y que se llevó a término con un resultado que no correspondió a las expectativas puestas por Moncloa a la hora de descubrir un inexistente registro errado por parte de la Iglesia, el empeño ahora del PSOE se centra en rematar el trabajo con las comisiones abiertas con la Conferencia Episcopal, especialmente en materia económica.
“Seguiremos trabajando con la Iglesia Católica en el marco del Acuerdo de Asuntos económicos, para avanzar en el compromiso asumido por la Iglesia de alcanzar por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, se expone después de que el Episcopado diera un paso al frente en la recta final del mandato de Pedro Sánchez para acabar con el único privilegio que le quedaba en materia fiscal: el pago del ICIO.
Régimen fiscal
En paralelo, el programa apunta que “el régimen fiscal de las confesiones religiosas será el mismo que el de las entidades sin ánimo de lucro”. A priori, sin entrar en más detalles, pareciera que esta promesa ya es una realidad, al menos para la Iglesia, en tanto que, hoy por hoy, se rige por la ley de mecenazgo.
Por último, en el horizonte socialista también se incluye que “impulsaremos políticas en materia de diversidad religiosa y de conciencia que promuevan las condiciones para el ejercicio efectivo de la libertad religiosa en igualdad, para contribuir a la convivencia de una sociedad plural e inclusiva”.
En esta misma línea, se subraya que “no podemos dejar que el discurso del odio y la intolerancia gane terreno y, por eso, en la próxima legislatura los y las socialistas trabajaremos para que la sociedad no vea en el pluralismo religioso un problema, sino una oportunidad de ir más lejos en la consecución de los principios que la Constitución quiso que presidieran nuestro modelo de convivencia”.
En materia educativa, tras la aprobación de la Ley Celaá, no se incluyen en el programa referencias a la asignatura de Religión, en tanto que su encaje ya estaría resuelto con la reforma educativa aplicándose. De la misma manera, tampoco se ahonda de la escuela pública y concertada, más allá de un punto concreto referente a los colegios de educación diferenciada: “Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión”.
En relación a la Ley de Memoria Histórica, se promete culminar “la resignificación del Valle de Cuelgamuros como Lugar de Memoria Democrática y procederemos a la creación de un centro de interpretación”. El programa socialista no aterriza al detalle de concretar el futuro de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos.
En otro orden de cosas, con la aprobación de la ley del aborto y de la eutanasia, el programa socialista no ahondan de forma significativa en cuestiones vinculadas al derecho a la vida. Tampoco se incluye referencia alguna al trabajo abierto de la comisión que radiografía los abusos sexuales en el seno de la Iglesia liderada por el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
