Los ataques a la Iglesia católica en Nicaragua continúan. El gobierno de Daniel Ortega arremetió ahora contra Cáritas y contra instituciones educativas de inspiración cristiana.
Un día después de ordenar el cierre de unas 20 organizaciones de la iniciativa privada, y en medio de una fuerte presión internacional por atentar contra los derechos humanos, el régimen sandinista informó del cierre de estas organizaciones.
Se trata de Cáritas Nicaragua -de la Conferencia Episcopal de Nicaragua- y Cáritas de la diócesis de Jinotega, así como la Universidad Juan Pablo II, fundada en 2004, y la Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) creada en 2002.
Las razones
En el caso de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega -según explica el Diario Oficial- se aprobó la “disolución voluntaria, la cancelación de personalidad jurídica… acordada de forma unánime en asamblea general extraordinaria de miembros, el 31 de enero del año 2023, y el 20 de diciembre del año 2022″, respectivamente.
Y respecto a la Universidad Juan Pablo II y sus sedes ubicadas en Managua, Juigalpa Chontales, Matagalpa y Granada, informó sobre un “incumplimiento”, pues no reportaron estados financieros del periodo 2021 al 2022. Y lo mismo ocurrió con la Asociación Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, y sus sedes en León, Chinandega, Estelí, Juigalpa Chontales, Masaya y Matagalpa, las cuales no habrían reportado sus estados financieros del periodo 2020 al 2022.
Para la autoridad nicaragüense, las universidades estaban obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Por ello, se aprobó “la cancelación de personalidad jurídica de las dos universidades antes mencionadas, por estar en incumplimiento de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”.
Con las disposiciones anteriores, los planteles educativos deberán entregar al gobierno la información de sus estudiantes y docentes, “carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones (Registro Académico)”.
Los alumnos de ambas universidades serán integrados en otras universidades y sus bienes serán traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro.
El cierre de estas organizaciones se suma a los cientos de organizaciones no gubernamentales que el régimen ha cerrado en los últimos meses.
