“Lo acontecido en la frontera de Melilla es consecuencia de una política migratoria y de gestión de las fronteras inhumana e irresponsable”. Así lo ha manifestado hoy el Servicio Jesuita a Migrantes, Alboan y Entreculturas en un comunicado conjunto ante la tragedia del viernes en la parte marroquí de la valla, donde fallecieron 37 personas y otras tantas resultaron heridas.
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Las entidades jesuitas denuncian que estos hechos suceden como consecuencia de “una perspectiva única de seguridad y férreo control en la frontera, donde se observa una ausencia de asistencia humanitaria y graves vulneraciones de derechos humanos”. “Por desgracia –añaden–, en la frontera prevalece la perspectiva de seguridad por encima de la humanitaria”.
Las obras sociales de la Compañía de Jesús claman contra las devoluciones en caliente. “Como ha sucedido en situaciones similares previas, en el lado español se observan rechazos en frontera de personas lesionadas, algunas de ellas que podrían ser menores de edad, todas con más que probable perfil de protección internacional”, señalan.
Una investigación “rigurosa”
Asimismo, reclaman al Gobierno de España que se valga de los canales diplomáticos para que las autoridades marroquíes abran una investigación “rigurosa” que aclare las circunstancias en las que estas personas han perdido la vida en la frontera, así como la identificación de las personas fallecidas y la puesta en conocimiento a sus familiares.
El equipo jurídico del SJM trabaja acompañando y prestando asistencia letrada a algunos de los jóvenes que consiguieron llegar al CETI de Melilla el pasado viernes, “cuya voluntad de solicitar protección internacional está siendo respetada y actualmente tramitada”. Esto supone la paralización de cualquier procedimiento de devolución incoado. La mayoría de los jóvenes proceden de Sudán, un país inmerso en una grave crisis social y con altas tasas de reconocimiento de protección por parte de España.
Entreculturas, Alboan y el SJM demandan una revisión de las políticas europeas en materia exterior. “El desvío de fondos de cooperación para control migratorio debe acabar de manera inmediata y el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo debe ser más garantista con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Igualmente demandamos una mayor coherencia del Gobierno español con lo establecido en el anteproyecto de Ley de Cooperación en el que se recoge el objetivo de ‘fomentar un enfoque integral de la migración centrado en las personas y sus derechos’”.
