José Antonio Poveda: “Los centros católicos de FP se sienten estafados por la Comunidad de Madrid”

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha decidido suspender todos los conciertos de Grado Superior. Los centros católicos de FP se sienten “estafados” por el Gobierno autonómico, como explica en entrevista con Vida Nueva el secretario regional de Escuelas Católicas, José Antonio Poveda. En el Madrid de la libertad que propugna la presidenta Isabel Díaz Ayuso se da ahora un mazazo a la libertad de enseñanza. Y se produce solo días después de que el propio Ejecutivo del Partido Popular pusiera en tela de juicio los estudios de Cáritas.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son las razones de la Consejería de Educación para suprimir los conciertos?

RESPUESTA.- En diciembre nos informaron de cuál era la situación. Hemos tratado de tener encuentros y ver las razones. El 25 de marzo, en la reunión en la Consejería se mantuvieron en lo mismo. Temíamos que se podía dar, pero teníamos esperanzas en que reconsideraran su posición. Pero la realidad es que no hubo ni una fisura en su planteamiento.

Esto viene de lejos. En 2012, 11 centros recurrieron la decisión de suprimir los conciertos de Grado Superior, que afectó a 50 colegios. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego el Tribunal Supremo les dio la razón. La sentencia dice que la orden que suprimió esos conciertos era ilegal. Fue declarada nula. Los colegios que recurrieron tenían la posibilidad de volver a su concierto. En 2017 se tuvieron conversaciones y hubo una negociación por la que los centros renunciaron a cualquier indemnización o a reclamar daños y perjuicios por todos esos años en los que no hubo conciertos. Se trataba de mirar al futuro y empezar de nuevo.

En ese entonces, se firmó un convenio para fijar los conciertos con una duración de cuatro años, como todos los que se firmaban en ese momento. La sorpresa ahora es que dicen que la sentencia ya se ha ejecutado y cumplido y que estos conciertos se han extinguido ya. Es una interpretación torticera y es no aceptar el resultado de ese procedimiento.

P. ¿Hay esperanzas de que el Gobierno regional reconsidere la situación?

R.- En la reunión del 25 de marzo nos dijeron que van a seguir adelante y que van a recibir una carta los colegios para informarles de que el próximo curso no podrán ofertar los primeros cursos de Grado Superior.

P.- ¿Se plantean la posibilidad de salir a la calle para protestar?

R.- De momento estamos dando a conocer esta situación, pidiendo una rectificación. Hemos pedido reunirnos con Ayuso para exponerle este problema y pedirle un cambio de rumbo. Si esto sigue igual, no descartamos expresar nuestra disconformidad con una manifestación. No nos dejan otra vía. Pero es llamativo que tengamos que sacar el lazo naranja en la Comunidad de Madrid, que fue la primera que se ponía el lazo naranja cuando estábamos luchando contra la ley Celaá. Es que es la primera que va a ejecutar una supresión de conciertos. Tengamos en cuenta que el PP votó en contra de la ley de FP en el Congreso porque desprotegía a la concertada.

Libertad de enseñanza

P. Es de suponer que de prosperar, llevarán la supresión de conciertos a los tribunales…

R.- Por supuesto que vamos a ir a los tribunales. Tenemos bastantes visos de poderlo ganar. Y si se gana no se va a ser tan generoso como se fue en 2017, porque los centros se sienten estafados, pues aquella negociación se hizo desde la buena fea. Ahora nos damos cuenta de que quienes redactaron aquellos convenios lo hicieron de mala fe.

P. Un Gobierno que defiende la libertad, ataca ahora la libertad de enseñanza…

R.- Absolutamente. Vemos una clara apuesta por un modelo de financiación que supone el copago educativo. Un modelo de cheque escolar que es lo que están impulsando en las enseñanzas no obligatorias. El copago educativo supone que los sectores más vulnerables socioeconómicamente no van a poder elegir este tipo de centros. A nosotros, como escuela católica, nos están poniendo muy difícil llevar adelante nuestros proyectos abiertos a todos, con independencia de la situación socioeconómica de las familias que eligen nuestros centros.

P. Al final, pierden los que menos tienen…

R.- Efectivamente. La libertad de enseñanza parece que no es para todos, sino para los que tengan capacidad económica.