Cuando en 2020 asumió ser provincial de la Inspectoría Santiago el Mayor –centro y norte de España, con sede en Madrid–, a Manuel Fernando García Sánchez no le era ajena la crisis de los abusos, que durante estos años les ha golpeado especialmente a los salesianos. Tenía experiencia en abrazar el dolor de las víctimas en primera persona.
- PODCAST: La Iglesia española audita los abusos
- A FONDO: Auditoria antiabusos “hasta el final”
- OPINION: Alfombras levantadas. Por Francisco Muro de Iscar
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Ahora promueve la justicia restaurativa y la prevención en las 48 casas con unos 500 religiosos, que animan 36 colegios, 22 centros de Formación Profesional, 89 proyectos sociales, 44 centros juveniles, 30 parroquias y 89 proyectos de intervención social en las plataformas sociales. Todo, al servicio de 6.000 educadores y 64.000 niños y jóvenes.
PREGUNTA.- Auditoría eclesial, comisión gubernamental… Se precipitan las acciones públicas, en paralelo al trabajo que los salesianos vienen realizando desde hace tiempo. ¿Cómo vive este acelerón repentino?
RESPUESTA.- Desde 2018 estamos trabajando en varias líneas: atender a las personas que contactan con nosotros, investigar los hechos en la medida de nuestras posibilidades, documentarlos con seriedad y rigor, colaborar en los procesos penales correspondientes, civiles o canónicos, sobre todo en el campo de la justicia restaurativa… De hecho, llevamos dos años con programas de justicia restaurativa muy satisfactorios.
Yo demandaba por parte de la Iglesia ese paso adelante. Por eso, me alegro de que se apueste por un trabajo unitario, que evite que cada congregación y cada diócesis hagan el camino por su lado. Es fundamental dar una respuesta global de atención a las víctimas y valorar los hechos con rigor y seriedad.
En el proceso que nosotros hemos llevado a cabo, hemos tenido sumo cuidado con la revictimización y, precisamente, lo hemos aprendido en los procesos de justicia restaurativa que ayudan a sanar. Revictimizamos cuando no atendemos adecuadamente a las personas, pero también si son objeto de una presión o publicitación mediática o de otro tipo de intereses, por ejemplo, políticos. Nuestra prioridad es atender y acoger a la persona.
Necesidad de justicia
P.- ¿Sirve una investigación histórica minuciosa si no se abraza el dolor de la víctima?
R.- Lo primero es escuchar, ofrecer y tener cauces para ponernos a su disposición de forma personalizada, uno a uno. Mi experiencia habla de acompañar a cada víctima en un proceso personal, pero la necesidad de justicia es común a todos.
P.- Cuando se encontró con la primera víctima cara a cara y le relató su sufrimiento, ¿le cambió como salesiano?
R.- Me cambió profundamente la mirada ante esta realidad. Me ayudó a escuchar, a entender el dolor, a acogerlo y a aprender a conocer lo que esa víctima necesitaba. Mis encuentros con las víctimas no han sido fotos fijas, sino en distintos momentos, con fases de acoger el reproche y callar, pero también tiempo de experimentar, de ayudar y sanar.
Hace tres años, cuando las víctimas me reprochaban que no habíamos atendido adecuadamente sus demandas, yo decía que sabíamos que había que hacer algo, pero no sabíamos cómo. Dejarnos ayudar por agentes externos nos ha enseñado cómo acompañar a las víctimas. Algunas lo único que necesitan es una escucha por parte de la congregación para salir adelante y seguir con su vida. Otras requieren una ayuda más profesionalizada.
Actitudes defensivas
P.- ¿Está cambiando la percepción dentro de la Iglesia de que las víctimas lo único que quieren es ‘desplumar’ a la institución económicamente?
R.- Creo que sí. Hay mucho por hacer, porque todavía hay actitudes defensivas, que nacen cuando te sientes acorralado o ante el desconcierto por no saber cómo afrontar un problema del que muchas veces ni siquiera conoces el alcance.
P.- La primera reacción de los colectivos de víctimas ante la nueva auditoría ha sido la desconfianza. ¿Lo entiende?
R.- Hay reacciones diversas. No todas las víctimas responden igual ni todos los colectivos hablan por todas las víctimas. Pero sí, en general, hay una desconfianza institucional. Insisto en que, si nosotros no hubiéramos contado con expertos externos, habría sido muy difícil que hubiéramos podido ayudar de verdad, precisamente por esa falta de confianza de partida que se va salvando cuando haces el camino juntos. La intención de brindar ayuda a través de un gabinete jurídico y de los servicios que prestan es una buena iniciativa. Una comisión interna dentro de la Conferencia Episcopal o de una congregación religiosa hubiera sido insuficiente.
