El PSOE se une a PP y Vox para vetar en el Congreso la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la iniciativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano

El PSOE se une a PP y Vox para vetar en el Congreso la reversión de las inmatriculaciones de la

PSOE, PP, Vox, Cs y, parcialmente, PNV han paralizado la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. Tal como informa Europa Press, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy, 11 de mayo, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano con los votos de estos partidos políticos.



El texto de la iniciativa estaba formado por tres puntos que han sido votados por separado. El primero de ellos, que pretendía instar al Ejecutivo a que, en el plazo improrrogable de tres meses, trasladara a esta Cámara el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta 2015, ha sido rechazado por los 27 votos de PSOE, PP, VOX y Cs.

El segundo punto de la proposición abogaba por que el Gobierno ordenara, en el plazo de tres meses, mediante Orden Ministerial o Decreto, la cancelación de todos los asientos practicados por la jerarquía católica según el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española. Este punto ha sumado el rechazo de PSOE, PP, VOX, Cs y PNV, por lo que tampoco ha salido adelante.

El PSOE “comparte el fondo”

En tercer lugar, Bildu y ERC proponían que, en el plazo de seis meses, se habilitasen los mecanismos que permitiesen la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares. Tampoco este punto ha sido aceptado por la Comisión, con 28 votos en contra (PSOE, PP, VOX y Cs) y ocho a favor (PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos).

Por su parte, la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea, ha afirmado que se debe “revertir esta situación tan injusta, acabar con los privilegios de la Iglesia y proceder a la cancelación por nulidad insubsanable de todas las inscripciones que la Iglesia católica ha hecho sin tener título ni legitimidad para ello”.

Asimismo, el diputado socialista Juan Luis Soto ha afirmado que su formación política “comparte el fondo del análisis de la posición de privilegio” a la hora de inmatricular los bienes que ha tenido “históricamente” la Iglesia, pero que “hay determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica” que les impiden votar a favor de la propuesta. Además, Soto ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez “cumple y ha cumplido con el compromiso de transparencia publicando los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1998”.

Vox acusa de “anacronismo”

Por otro lado, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha explicado que hay un punto de vista jurídico de partida “que hace insostenible la propuesta” y ha añadido que “se trata simplemente de un disparate inadmisible en un Estado de Derecho y un ordenamiento jurídico que se fundamenta en el principio de seguridad jurídica”. Sin embargo, ha admitido que Ciudadanos puede estar “relativamente” de acuerdo con solicitar al Gobierno que elabore o publique un listado de los bienes.

Para Unidas Podemos “es evidente que hay que articular esa fórmula normativa que permita declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin un título suficiente y, en particular, el patrimonio histórico de raíz religiosa que tiene que ser de dominio público, tal y como ocurre en países de nuestro entorno”, ha afirmado Martina Velarde.

Sin embargo, el portavoz de Vox, José María Sánchez, ha acusado a Bildu y a ERC de “anacronismo” y de creer que están “luchando contra el Antiguo Régimen”. “Están desfasados ya cerca de 200 años”, ha subrayado, para después recalcar que dicen “mentiras podridas”.

Por último, la portavoz del PP Ana Belén Vázquez ha explicado que la inscripción de estos bienes “solo tiene función probatoria, pero no constitutiva de la propiedad”. Asimismo, ha señalado que la ley del 1998 articula una serie de medidas de seguridad y que “si hay algún problema, a la justicia”.

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