Tras la nueva ley educativa, la Lomloe conocida como Ley Celaá es pasado 29 de diciembre, Encuentro de Reflexión CARF ha dedicado su cita del 25 de febrero a ofrecer “un vistazo a los esencial” de la propuesta legislativa. Para ello, han contado con Jesús Muñoz de Priego, abogado y portavoz de la Plataforma ‘Más Plurales’ quien defiende que “no se puede pasar página” sobre esta octava ley que es “la peor de la democracia y eso que ha habido otras malas”.
La peor ley de la democracia
Para el experto el momento, las formas y el contenido hacen que la ley sea mala. La pandemia ha “reducido el debate parlamentario” y “anulado el social”, denunció. Recordó, en este sentido que era “imprescindible para el Gobierno derogar la ley anterior por su ‘pecado original’ de no partir del consenso” cuando, lamentó, “esta tiene aún menos consenso”. A esto se añade que tampoco se ha caminado hacia “el pacto global por la educación, un ley de consenso” que demandada la sociedad.
“Un consenso que no ha buscado el Gobierno”, destacó, recordando la polarización del Congreso en su aprobación; así como el hecho de que por primera vez un presidente del Gobierno no ha recibido a quien estaba contra la ley, como la plataforma ‘Más Plurales’. Yendo al contenido, que es una vuelta a los principios de la LOE –la reforma de hace 14 años– y “que fracasó” en las mediciones internacionales de educación, apuntó y por ello se derogó una buena parte.
Ataque a la libertad de enseñanza
“Lo peor de la ley es su ataque indiscriminado a la libertad de enseñanza” que “tiende claramente hacia el intervencionismo del estado, hacia una propuesta de escuela pública única como modelo excluyente, es decir, hacia un monopolio educativo por parte de la Administración pública”. En este sentido ejemplifica cuestiones como la eliminación de la demanda social –lo que llevará a una mayor eliminación de unidades concertadas, en la línea de actuación de algunas Comunidades Autónomas y que llevó a la inclusión de esta cuestión–.
“La Lomloe se inventa una nuevo derecho, el de acceso a la educación pública”, señaló como nuevo ataque a la libertad. Esta afirmación, advierte, implica que solo el derecho a la educación se garantiza en las plazas públicas. De esta manera, pronostica, se ampliarán más plazas públicas a criterio de la administración para cerrar unidades concertadas.
Sobre la asignatura de religión –sin asignatura espejo ni valor en la evaluación–, “en la práctica, queda fuera del sistema educativo”. En este sentido se colocarán una horas antes o después, sin que le afecte el hecho de aprovechar la materia para becas o notas. Algo que, señala, va contra con los pactos con la Santa Sede. Respecto a los valores éticos que se ofrecerán en una nueva materia subraya que viene de los mismos que “impusieron Educación para la Ciudadanía como forma de adoctrinamiento en torno a unos valores que no eran queridos o consensuados por una parte de las familias”. También, lamentó, que se deja fuera de los conciertos a la educación diferenciada, frente a la doctrina de la Tribunal Constitucional, una opción pedagógica única y que supone el 1% en España.
Un ideario lleno de trabas
Se limita la libertad con las nuevas orientaciones al Consejo Escolar que, de por sí, es un órgano de participación y control; pero, ahora “aparece como un órgano de gobierno” que puede “poner trabas al desarrollo del ideario” que es la razón de ser de los centros de iniciativa social. “Es la única razón por la que se justifica de cara a la sociedad la existencia de este centro y es la única razón por la que se justifica la financiación con fondos propios, porque ofrece algo distinto, singular, que no puede ofrecer la escuela de titularidad de la Administración pública”. La presencia de un concejal puede ser la “introducción de un comisario político”, advierte.
También desvela que las insistencias en los derechos de la infancia consolida un “viraje” hacia que los poderes públicos, frente a la familia y sus decisiones educativas, son los garantes de dichos derechos. Esto también da carta blanca a distribuir a los alumnos con desventajas educativas en función de los criterios de la organización pública a la vez que consolida “la zonificación como criterio excluyente”. A esto se una la reducción del escaso margen de la autonomía de los centros o el hecho de considerar la Educación Especial como segregadora y poco inclusiva.
