Minutos antes de presentar este mediodía ante el Congreso más de 748.000 firmas que apoyan su petición de paralizar la LOMLOE, la llamada Ley Celaá, Vida Nueva ha recabado la opinión de Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos ligados a la enseñanza concertada.
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Muñoz de Priego sale al paso de lo adelantado por Radio Nacional de España (RNE), que ha tenido acceso al dictamen de la Comisión de Educación del Congreso, donde ya se incluyen las enmiendas de otros partidos, y donde se recoge que uno de los puntos que incluye la LOMLOE es la prohibición expresa del pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar.
No es novedoso
“Esto del pago de las cuotas –reconoce el portavoz– no es ninguna novedad. La enseñanza concertada es sostenida con fondos públicos y, por tanto, gratuita en la prestación del servicio educativo en sí. Eso no debe confundirse con el posible cobro de cuotas por actividades complementarias, extraescolares o servicios complementarios, que, en cualquier caso, son voluntarios para las familias (solo lo abona quien quiere recibirlos). Además, sus cuotas están previamente autorizadas por el Consejo Escolar o la Administración, según el caso”.
“Tampoco –añade– debe confundirse con los donativos que la familia pueda aportar, si quiere. Como en cualquier otro ámbito. Los donativos son aportaciones de mera liberalidad y, por tanto, absolutamente voluntarios. La LOMLOE dice que no se puede obligar a los padres a hacer donativos, lo que es una obviedad, y resulta absurdo en sus términos, pues una de las características fundamentales del donativo es la liberalidad”.
‘Difama que algo queda’
Puesto que “en esto no hay cambio alguno en el fondo”, Muñoz de Priego lamenta que, “por la manera de redactarlo, parece pretender levantar sospechas de actuaciones irregulares en los centros. La ley sigue en esto el principio de ‘difama que algo queda’. Bastaría ir a cuántas reclamaciones administrativas o procesos judiciales se producen al año para comprobar que no hay tal situación”.
Sobre otros dos de los puntos de la Ley Celaá recogidos en el dictamen, como el fijar que los colegios que segreguen por sexo dejen de recibir cualquier financiación por parte de la Administración o que no se ceda suelo público a la construcción de nuevos centros concertados, el portavoz de Más Libres también deja clara su posición.
Cambio de matiz
Respecto al primero, observa que “aquí sí hay un cambio de matiz. Mientras que ya la respuesta inicial era restrictiva para el concierto y afirmaba que, preferencialmente, se concertarían los centros con coeducación, ahora, directamente, se dice que solo se van a concertar los centros con coeducación. Algo en lo que el lenguaje también importa mucho, pues se habla de educación segregadora… Mientras que el Tribunal Constitucional ya aclaró que la educación diferenciada por sexos no supone una segregación ni una discriminación. Es una opción pedagógica y, con esto, se impide que familias sin recursos accedan a la misma, limitando la libertad de enseñanza y la libertad de elección de las familias”.
Respecto a la prohibición de que se ceda suelo público para la construcción de nuevos centros concertados, Muñoz de Priego también deja claro que “no supone un gran cambio en la práctica, pues esto solo se ha producido en alguna autonomía de manera puntual. Más allá de esto, es más grave que, en las zonas de nueva creación, sí se tendría que permitir la posibilidad de la creación de un centro concertado. Aquí la ley supone otra restricción a la libertad de enseñanza porque habla de garantizar solo plazas públicas en las zonas de nueva población. Esta limitación es más importante que la de la no cesión de suelo público, pues esta es algo que solo se ha dado en momentos muy excepcionales”.
