La Plataforma Más Plurales ha registrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa un escrito en el que solicitan una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la Ley Celaá. Y es que la escuela concertada quiere plantear una serie de sugerencias para mejorar el contenido de una legislación que “atenta contra libertades democráticas, margina a los trabajadores de los centros de iniciativa social y no aborda los problemas educativos de nuestro país”, por lo que “va a empeorar la calidad de nuestro sistema educativo”.
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Más Plurales, de la que forma parte Escuelas Católicas, critica la norma por “las formas en que se está tramitando (impidiendo la participación de la comunidad educativa en sus debates parlamentarios)” y por “muchos aspectos que propone el Proyecto de Ley, que alejan la posibilidad de alcanzar un alto grado de consenso y respaldo necesario que de estabilidad al sistema educativo”.
La Ley Celaá “está provocando una fractura en la educación española al aplicar recortes a las libertades democráticas y condenar a los centros de iniciativa social a un papel subsidiario de la educación pública, que se convierte en el único modelo que será promovido por las Administraciones educativas”, afirman en un comunicado. Y añaden: “Nos parece muy bien que se refuerce el papel de la pública, pero pensamos que no es necesario que para ello haya que excluir a la enseñanza concertada”.
Además, la Ley “anuncia la progresiva desaparición de los centros de Educación Especial, desprecia al profesorado de la enseñanza concertada y convierte a la asignatura de Religión en una asignatura marginal y decorativa”, apuntan.
A tiempo de llegar a acuerdos
La plataforma quiere insistirle a Sánchez en que la Ley Celaá, “en vez de abordar asuntos tan importantes como la homologación de todos los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos, el fracaso escolar, la igualdad educativa, la mejora de oportunidades y el descenso del nivel de los alumnos españoles, se centra en transformar de manera radical asuntos nada problemáticos que están funcionando bien en nuestro país, como son el desarrollo de la complementariedad de los modelos educativos y el respeto a las libertades democráticas recogidas en la Constitución”.
La escuela concertada no entiende las “prisas” con la que se está tramitando la Ley y no tira la toalla, puesto que consideran que “todavía se está a tiempo, con espíritu de consenso, de alcanzar acuerdos que mejoren el contenido de una Ley que ha provocado un unánime rechazo en la sociedad española”.
Así, solicitan al presidente del Gobierno de coalición “la paralización de la LOMLOE y que se abra un periodo de debate y de participación para alcanzar un consenso que demanda la sociedad española sobre las cuestiones educativas”.
