El Gobierno de Pedro Sánchez y los obispos españoles han creado un grupo de trabajo en el que estudian, “desde hace unas semanas”, cómo implementar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la Iglesia. Así lo ha desvelado hoy el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, durante la Comisión Constitucional en el Senado.
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“A partir de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, hace unas semanas se ha constituido un grupo trabajo entre el Gobierno y la Iglesia para abordar estas cuestiones, ver cómo se puede llevar a cabo, cómo implementar estas recomendaciones establecidas en el informe del Tribunal de Cuentas”, ha dicho a preguntas del senador de Compromís Carles Mulet sobre “si el Gobierno tiene la voluntad de auditar las cuentas de la Iglesia católica”.
Según recoge Europa Press, Mulet ha preguntado al Gobierno si va a auditar si la Iglesia ha “cumplido su compromiso” de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, como expresamente comprometió con su firma en el Acuerdo Económico”, en referencia a los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979.
Un Informe autocorregido
El Tribunal de Cuentas aprobaba el documento el pasado 28 de julio. Con él, daba por válido un texto que rectificaba profundamente el borrador, en el que se sembraba la duda sobre en qué invertía la Iglesia las donaciones que recibe a través de la X de la renta.
De hecho, en el anterior informe se afirmaba que “la Administración General del Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria” y que, al no disponer de esta información, no se podía “distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas”.
Lo que sí señala en su informe definitivo el Tribunal de Cuentas es que “sería conveniente” que el Gobierno tuviera en cuenta “la oportunidad de impulsar la aplicación del mecanismo para resolución de dudas o conflictos con el fin de regular de acuerdo con la Santa Sede diversas materias relacionadas con la memoria”, como puede ser el plazo y forma de presentación de las mismas o el nivel de detalle de la información que en ellas se proporciona.
