El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentaba, en una rueda de prensa organizada en la Casa Blanca, a la última incorporación al Tribunal Supremo: la jueza conservadora Amy Coney Barrett. “Hoy es un honor para mí nominar a una de las mentes legales más brillantes y talentosas de nuestra nación para el Tribunal Supremo. Ella es una mujer con logros inigualables, un intelecto imponente, credenciales excelentes y una lealtad inquebrantable a la Constitución”, dijo Trump ante los medios.
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Al mismo tiempo, el presidente instaba a la mayoría republicana del Senado –órgano que debe aprobar esta decisión de Trump– a confirmar el cargo lo antes posible. Y es que el partido demócrata ha criticado que esta elección se haya hecho a las puertas de las elecciones, que tendrán lugar el próximo noviembre, al igual que en 2016 los republicanos rechazaron la candidatura de un juez hecha por Barack Obama, argumentando, igualmente, que era necesario esperar al resultado de las elecciones.
Basarse únicamente en la ley
Esta elección por parte de Trump parece ser el último golpe de efecto en el Senado, que quedaría completamente alejado de la senda progresista tras la muerte, la pasada semana, de Ruth Bader Ginsburg, famosa por su activismo en favor de la igualdad de género, quien sería sustituida por Barrett.
La nueva jueza propuesta por Trump es una mujer de 48 años, católica y madre de 7 hijos, 2 de los cuales adoptados en Haití. Es, además, conocida por su postura pro-vida y por haber apoyado a Trump en el endurecimiento de las leyes migratorias del país durante su mandato. Asimismo, ha manifestado claramente su convencimiento del derecho de los estadounidenses a portar armas. En el caso de que su candidatura sea aprobada por el Senado, sería el miembro con menos años de experiencia.
Barrett se graduó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, estado donde reside con su familia y donde ha desempeñado su labor judicial. Su nombramiento ha provocado distintas manifestaciones en todo el país ante la posibilidad de que el legado de Trump perdure durante años en el Senado. Sin embargo, Barrett aseguró al aceptar su nombramiento que, como magistrada de la Corte Suprema, sus decisiones se basarían en la ley, no en creencias personales.
