La Conferencia Episcopal Española no elaborará un protocolo sobre la llamada ‘nueva normalidad’ que regule el día a día de la Iglesia hasta que se descubra una vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus. No ha estado en la agenda de trabajo de la Comisión Ejecutiva ni tampoco se incluirá en el orden del día de la Comisión Permanente del próximo mes que se llevará a cabo una vez más de manera presencial, tal y como ha confirmado Vida Nueva.
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Desde Añastro se deja en manos de cada provincia eclesiástica, en su defecto, de cada obispo, o, aterrizando aún más, en el criterio de cada comunidad que decida seguir aplicando, según considere oportuno, las recomendaciones que se han ido lanzando en estos últimos meses sobre cómo actuar en materia celebrativa y pastoral, siempre y cuando se enmarquen dentro de lo establecido por las administraciones públicas. “De nuevo, es tiempo de confiar en el sentido común de cada uno. Está claro que no tiene mucho sentido que, mientras no desaparezca por completo el virus, se vuelva a dar la paz en la misa, pero cosa bien distinta es ir restableciendo, por ejemplo, los coros”, comenta el entorno del Episcopado.
Lo cierto es que el celo con el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, abordó el culto religioso durante el estado de alarma para evitar que los templos y celebraciones se convirtieran en potencial foco de contagio del coronavirus se ha esfumado en esta ‘nueva normalidad’. Ni una directriz gubernamental sobre eucaristías, procesiones o fiestas patronales más allá de lo estipulado para “otros sectores de actividad”.
Nueva normalidad
El decreto no aborda el hecho religioso, por lo que básicamente la norma general pasa por el uso de mascarillas en recintos cerrados y la distancia social de metro y medio. La letra pequeña, por ejemplo, en relación al aforo, corre a cargo de las comunidades autónomas y de las propias entidades promotoras de los actos.
En la ‘nueva normalidad’ quedaría levantado el veto a las celebraciones en el exterior durante la desescalada, al igual que sucede con las manifestaciones y los espectáculos. Como antes de la crisis del COVID-19, cualquier acto en la vía pública ha de contar con el visto bueno de las autoridades locales y las delegaciones del Gobierno, un trámite protocolario en el caso de las romerías, que a partir de ahora podría mirarse con lupa. Un hecho que pondrá al descubierto la disposición de las corporaciones municipales y de las comunidades locales, así como la capacidad negociadora o la voluntad para llegar a acuerdos, con las garantías sanitarias de fondo.
