Con la publicación del informe Conflictos en el Campo Brasil 2019, la Iglesia de este país –a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)– ha condenado la escalada de violencia en el campo que el año pasado alcanzó el récord de 1.833 conflictos (en promedio, cinco por día).
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Para comprender los orígenes y, sobre todo, las alternativas para revertir la violencia en los territorios rurales de Brasil, Vida Nueva contactó a Ruben Siqueira, del equipo de coordinación nacional de la CPT, quien comienza explicando que “esta tendencia viene de lejos, se remonta a los orígenes y a la trayectoria del país”.
La concentración de la tierra
“La tierra –quién la tiene y cómo la usa– está en la base del poder político-económico”. Siqueira se refiere expresamente al perenne problema de la concentración de la tierra, que conlleva a que se niegue su acceso a quien no la tiene y necesita de ella para vivir con dignidad, “o la tiene constantemente amenazada”, como ocurre con los pequeños propietarios, los indígenas y las comunidades quilombolas o tradicionales, “que no tienen sus territorios seguros, como manda la ley”.
“Desde la donación [de la tierra, por parte] de la Corona portuguesa a los nobles hasta la concentración creciente bajo el control del agronegocio en el gobierno Bolsonaro y de la bancada ruralista hegemónica en el parlamento, sin excluir al poder judicial, lo que la tierra nunca vio en Brasil fue una reforma agraria, factor decisivo para el desarrollo de los países capitalistas”, asegura el experto de la CPT.
Los rostros de una tragedia nacional
De ahí que el “mercado de tierras” no es ajeno a los conglomerados empresariales que se rigen por el capital financiero, y “el recurso a la violencia, en sus diversas formas, contra la pose o propiedad y contra las personas en el campo, en las aguas, en las selvas, es la cara más trágica e incivilizada de la insoluble cuestión agraria”.
Ante este panorama, el líder de la CPT considera que “cambiar la tendencia de violencias en el campo tiene que ir a la raíz del problema”, pues “no es suficiente con tomar medidas superficiales o represivas de lo síntomas“, que fungen de paliativos, como los asentamientos de las familias en áreas de conflicto, o la presión de las ocupaciones y de los campamentos sin-tierra, que, según afirma Siqueira, “parecen agotarse como forma de lucha”.
Una ‘nueva’ reforma agraria
Aunque pareciera una medida “del pasado”, la CPT insiste en la necesidad de una reforma agraria “que vaya más allá de los aspectos socio-económicos, e incorpore las diversas ecologías y socioculturas, en lo cual este país es único y rico como pocos”. En efecto, esta ‘nueva’ reforma agraria no puede dejar por fuera asuntos cruciales como la seguridad y la soberanía alimentaria, así como los cuidados ambientales en tiempos de crisis climática. Incluso, “la dimensión del empleo rural, de cara al creciente desempleo estuctural-tecnológico”, también debe ser considerada.
“Esto no va a suceder sin voluntad política, que solo existirá con la movilización de la sociedad, que junte a la ciudad y al campo para doblegar a las élites económico-políticas y a los imperios mediáticos que tienen mucha influencia en la opinión pública”, concluye Siqueira.
