Cáritas alerta de la “extrema precariedad” ante el coronavirus de 11.500 personas que viven en infraviviendas y asentamientos

Cáritas alerta de la “extrema precariedad social” en la que están 11.500 personas que viven en infraviviendas y asentamientos de Huelva, Almería y Tenerife. Las tres Cáritas diocesanas denuncian que el Covid-19 está empujando a unas condiciones socio-sanitarias extremas a quienes viven en unas condiciones ya de por sí muy precarias y reclaman a las autoridades “medidas de impacto” para abordar esta emergencia.



La entidad eclesial viene alertando desde la declaración del estado de alarma de la “grave” situación de desamparo en la que se encuentran estas personas ante las medidas de confinamiento, que les limitan aún más su acceso a los derechos humanos.

“¿Cómo pueden hacerlo si donde habitan no pueden tener acceso al mínimo vital necesario para vivir con dignidad, con acceso mínimo al agua, la alimentación o a la salud, y malviven en barrancos, cuevas, playas, asentamientos rurales y urbanos, o casas abandonadas?”, se pregunta la ONG de la Iglesia. Y es que, “para ellos, es una quimera la consigna del quédate en casa”, añaden.

En este sentido, Cáritas recuerda las recomendaciones de la ONU, que sitúan “la vivienda como primera medida de contención del Covid-19” y reconocen que “no se podrá parar el Covid-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad”.

Abastecimiento de agua permanente

En Tenerife, Cáritas indica que actualmente hay alrededor de 1.000 personas repartidas en varios municipios que viven en barrancos, casas abandonadas o cuevas. Por su parte, Cáritas Huelva informa que unas 2.500 personas permanecen en varios asentamientos urbanos y rurales repartidos por distintas localidades de la provincia. Mientras, en Almería, alrededor de 8.000 viven en cortijos abandonados, asentamientos construidos con chabolas de plástico y madera, antiguas balsas y construcciones abandonadas.

Cáritas pide la convocatoria inmediata de Mesas de Emergencia para facilitar medidas de confinamiento en asentamientos rurales y urbanos e infraviviendas ante la crisis del coronavirus, con la presencia de los tres niveles de Administración pública (local, autonómica y estatal) y las entidades sociales, con el objetivo de coordinarse en la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas que se establezcan.

Entre estas medidas, es “indispensable garantizar con la máxima urgencia”: el abastecimiento permanente de agua potable, alimentos (comida caliente de forma cíclica y temporal) y medidas sanitarias de prevención del Covid-19 con la tutela y coordinación del Ministerio de Defensa, a través de unidades sanitarias especializadas; en su caso, y para poder hacer seguimiento de cuarentenas obligadas por la pandemia, utilización de espacios habilitados a tal efecto; y dada la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres y menores, facilitar alojamientos adecuados a las que puedan ser trasladados.

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