Escuelas Católicas lamenta que la nueva ley de educación limite los derechos de centros y familias

  • Es “preocupante” la supresión de la demanda social en la programación de puestos escolares
  • Lamentan que se degrade a la asignatura de Religión “a pesar de ser elegida por la mayoría de los padres”

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en la Comisión de Educación del Congreso/EFE

Escuelas Católicas lamenta que la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá, “nazca sin consenso y limite los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la ‘planificación’ administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas”. Asimismo, considera un error “tratar a la concertada como subsidiaria de la pública, y prevé poco futuro a una norma que no garantiza la estabilidad del sistema educativo”, según explican hoy en un comunicado tras la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley.



La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha indicado hoy en rueda de prensa que el “destinatario universal” de la reforma es el alumnado y su misión es acabar con la “segregación”. Mientras, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que Moncloa defiende “una educación de calidad” para garantizar “la equidad y la inclusión”.

La institución que representa a cerca de 2.000 centros educativos en toda España, más de 1’2 millones de alumnos y 100.000 trabajadores, recuerda, con preocupación, al Gobierno y a la ministra que “ambas redes –pública y concertada– deben seguir siendo consideradas como complementarias, de acuerdo con todas las leyes anteriores, y sin olvidar que la razón de ser de los conciertos no es otra que garantizar el derecho de elección de tipo de centro por parte de los padres de alumnos, con independencia de su situación económica”.

Para Escuelas Católicas, es “especialmente preocupante” la supresión del criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares, y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un ‘comisario político’, en los Consejos Escolares de los centros concertados”, según reza el comunicado. El objetivo primordial, según el Gobierno, es “mejorar el sistema de admisión” de la concertada y “equilibrar” la escolarización de alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje.

Asignatura de Religión

En otro orden, la escuela católica lamenta que se degrade el estatus de la clase de Religión, “a pesar de ser una asignatura que elige libremente la inmensa mayoría de los padres y contribuye al desarrollo integral de la persona, objetivo último de la educación”. La realidad es que la materia pierde peso porque deja de tener Valores como materia alternativa y la elimina como materia específica en Bachillerato.

Por otro lado, Escuelas Católicas afirma que “siempre apoyará todas aquellas medidas académicas que refuercen la autonomía de los centros y el aumento de oportunidades de los alumnos, pero no aquellas que propicien una rebaja de la calidad y del mínimo nivel de exigencia tales como: la excepcionalidad de las repeticiones (no se resuelve la cuestión prohibiéndolas, sino reforzando la atención individualizada); la posibilidad de cursar el Bachillerato en tres años (una manera sutil de evitar hablar en este caso de “repeticiones”); la eliminación de las pruebas finales de etapa; o la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa”.

En relación a la falta de consenso, los centros católicos creen que se comete el mismo error que con la LOMCE. “Esta nueva ley tampoco nace del mínimo consenso necesario para garantizar la estabilidad del sistema educativo, ni es fruto del ansiado Pacto por la Educación, un pacto que en su momento rechazaron los mismos que ahora apoyan esta ley. Se intenta justificar en la corrección de los errores de la LOMCE, especialmente en lo que pudo suponer de ruptura de la equidad, pero en realidad es una vuelta al modelo ya conocido y superado de la LOE de 2006″, indican.

Sin consenso

Escuelas Católicas tampoco entiende “la urgencia” declarada para defender su tramitación exprés (sin pasar por el Consejo Escolar del Estado ni por el Consejo de Estado), pues “las medidas más controvertidas” de la LOMCE no se han llegado a aplicar, como las denominadas ‘reválidas’ de ESO y Bachillerato, o la imposibilidad de obtención del título de ESO desde la FP Básica.

La entidad católica muestra además su convencimiento “de la necesidad de mejorar la educación en España y está dispuesta, como siempre, a colaborar en este fin”. “Considera que para lograrlo es necesario que la nueva ley se desarrolle en un ambiente de consenso, por lo que apoyará todo lo que suponga una aportación a la armonización de la calidad de la enseñanza y a la equidad para todos, a la vez que continuará defendiendo por todos los cauces posibles la libertad de enseñanza, con todo lo que supone para una país plural y democrático”, concluyen.

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