“Basta ya”. Dos palabras con las que Rosario Cardo, vicepresidenta de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), ha expresado su indignación hacia quienes “intentan marginar a la escuela de iniciativa social”. Lo ha hecho durante la II Asamblea de titulares y directores de ECM, que ha reunido hoy, 20 de febrero, a cerca de 350 colegios de la Comunidad de Madrid, y a la que ha asistido la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.
Las palabras de Cardo también estaban dirigidas hacia esos “pocos centros concertados, normalmente de nueva creación, que vulneran el espíritu de servicio social y de interés público de la escuela concertada, estableciendo condiciones que dificultan el acceso de la población escolar con situaciones socio-económicas más frágiles”.
Del mismo modo, ECM ha manifestado en la Asamblea su preocupación ante la inminente reforma educativa prevista por el Gobierno. “La escuela concertada no es una coyuntura; es una estructura”, ha insistido la vicepresidenta. “Una estructura de pluralidad y libertad que promueve la calidad, al impulsar la innovación y la creatividad; y que permite la equidad e igualdad de oportunidades, al facilitar que las familias puedan elegir modelo y centro educativo sin que su situación socio-económica suponga una limitación para ello”.
Cambios urgentes
Por último, Cardo, ha recordado a la viceconsejera que existen otros temas que requieren un compromiso real y apremiante por parte de la Administración educativa, como son el pago de sustituciones durante el periodo estival, la dignificación del módulo económico y de la partida de otros gastos, la jubilación parcial; la recuperación de los conciertos por los centros de FPGS, o la generalización de la dotación para orientadores escolares en Primaria.
Por su parte, Rocío Albert ha defendido el derecho a elegir de las familias. “Llevamos 25 años garantizando la libertad de elección y vamos a seguir haciéndolo”, ha subrayado. No obstante, Albert sí ha expresado su “preocupación” ante la nueva ley de Educación, ya que la ministra “parece no haber recogido nuestras peticiones sobre libertad educativa…”. En cuanto a las necesidades de la escuela concertada ha asegurado su disposición a atenderlas, especialmente aquellas que llevan tiempo demandándose, pero para ello “necesitamos tiempo y recursos”.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas (EC), también ha analizado la reforma educativa, explicando los esfuerzos que están llevando a cabo para conseguir que el Gobierno admita ciertas modificaciones a través de enmiendas, que se puedan negociar con el Parlamento, ya que “la tendencia es suprimir la demanda social”. También se ha referido al pin parental, señalando su “sinsentido en nuestros centros, ya que estos se basan en un proyecto educativo conocido y elegido por los padres”.
