Este martes los obispos mexicanos hicieron un llamado a los legisladores federales y a las autoridades educativas del país para que en este periodo de sesiones, que inició el pasado 1 de septiembre, hagan todo lo que esté de su parte para que las próximas leyes secundarias respondan a los desafíos de la emergencia educativa que se vive.
A través de un comunicado firmado por Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como por el responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral Educativa y de Cultura del organismo, Enrique Díaz Díaz, entre otros, el texto asegura que parte de estos esfuerzos es promover un verdadero diálogo con actores clave de la educación, “más allá de foros y mecanismos de recolección de opiniones”.
Tras señalar que los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos en materia educativa deben consolidarse en un marco ordenado de certezas, los obispos expusieron cuatro de sus preocupaciones en la materia.
Autonomía para evaluar
La primera preocupación de los líderes religiosos es la autonomía y plena libertad del organismo que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Explicaron que si bien la reforma al artículo 3º Constitucional ordena la creación de una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Proyecto de Ley Reglamentaria señala que la Junta Directiva de dicho organismo quedará supeditada al Secretario de Educación Pública.
Lo anterior –señalaron los obispos– genera una clara ficción en la autonomía de toda la Comisión, coartando su libertad de conducción y autoridad técnica, así como nulificando el esfuerzo por parte del Senado de nombrar a cinco comisionados, con el voto de las dos terceras partes.
Equidad en el magisterio
La segunda preocupación de los obispos tiene que ver con la libertad y equidad del sector magisterial, pues con anterioridad han manifestado su preocupación por el hecho de que algunos grupos sindicales cuentan con un poder político inadecuado, que merma el valor central educativo; es decir, el interés superior de los estudiantes.
“Nos preocupa que la Rectoría del Estado quede en entredicho por la presión de estos grupos, impidiendo el ejercicio efectivo de la libertad de sociedad y gobierno, en la estructuración de un nuevo Sistema Educativo Nacional.
Libertad de educar
La tercera preocupación del episcopado tiene que ver con el ejercicio de la libertad de educación de los padres de familia, “primeros responsables de la educación de cada niño, adolescente y joven”, así como la libertad de asociarse entre particulares para ofrecer una educación particular.
Y es que, a decir de los obispos, los tres proyectos de ley que se discutirán próximamente en el Congreso, en ningún momento reconocen a los padres como “los principales responsables de la educación” de sus hijos, sino sólo como “corresponsables” de ella.
Tampoco se prevé alguna disposición, estructura, presupuesto o mecanismo formal de representación para su promoción concreta y organizada, sino que se les coloca dentro del multiforme mundo de la participación social, al mismo nivel que otros actores de la sociedad. “Es decir, se reconoce su derecho, pero no se abren espacios reales de libertad para el ejercicio de sus derechos”.
Respeto al recurso y a las competencias
Finalmente, los obispos se refirieron como otra preocupación a la falta de libertad de gestión de las autoridades de las entidades federativas, la cual se debe garantizar a través del claro y honesto ejercicio del control presupuestal, así como la clara distribución de competencias.
Lo anterior, por considerar que la certeza en el manejo del recurso económico es fundamental para el libre ejercicio de las facultades dadas. “Nos preocupa que en algunas materias –dicen– como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa, queda en la discrecionalidad de la autoridad federal el manejo de estos recursos, sometiendo a las autoridades de las entidades federativas a una dinámica velada de sumisión”.
Como Episcopado Mexicano expresaron su voluntad de seguir participando en el ejercicio de la libertad religiosa, dentro del contexto plural del país. “Lo seguiremos haciendo con máxima prudencia y con la intención de buscar el mayor bien de todo el Pueblo Mexicano, incluyendo a sus autoridades”.
