Cuando apenas faltan unos meses para el 30 aniversario del atentado que se cobró las vidas de Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, además de una mujer y una niña, madre e hija, que se encontraban en el lugar de los hechos, la Justicia española sentará en el banquillo de los acusados a uno de los artífices de los asesinatos, el ex coronel y ex viceministro de Defensa de El Salvador, Inocente O. Montano.
Asimismo, tal como informa el periódico El Mundo, el fiscal solicitará la pena de 30 años de prisión por cada una de las víctimas españolas. De los seis jesuitas asesinados, cinco eran españoles, si bien ahora la acusación particular y popular reclaman que la pena para Montano se extienda a las ocho víctimas, lo que sumaría un total de 240 años de prisión para el acusado.
El mismo periódico acudirá como testigo a la vista oral, ya que publicó, en el año 2009, el acta del asesinato, que fue requerida e incorporada como prueba de la planificación del atentado en el sumario de la Audiencia Nacional. Un documento que ilustra una conversación entre el coronel Montano y el general Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor de El Salvador, en el que el primero informa de que el “padre Ellacuría está en la UCA” (Universidad Centroamericana, en la que ejercía como rector), y el segundo ordena que “hay que proceder a la eliminación sin testigos”.
Eliminar la Teología de la Liberación
Los asesinatos estuvieron motivados por el sector más conservador del Gobierno salvadoreño, que pretendía acabar con todo rastro de la Teología de la Liberación, de la cual los jesuitas eran sospechosos de formar parte. Las ejecuciones se produjeron bajo el nombre de ‘comando Atlacatl’, dirigido por el coronel Guillermo Benavides.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentó en 2008 una querella ante la Audiencia Nacional con el objetivo de esclarecer los hechos que llevaron los asesinatos. Montano, por su parte, había huído desde El Salvador a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas aceptaron su extradición a España, donde el ex militar llegó en 2017. Desde entonces, se encuentra en prisión preventiva.
