La Fiscalía General del Estado preguntará a las administraciones competentes por la situación de “desamparo” en que se encuentran familias de refugiados en Madrid. Así se lo ha hecho saber María José Segarra, fiscal general del Estado, a José Luis Segovia, vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación del Arzobispado de Madrid, tras una reunión que ha tenido lugar hoy, 25 de julio.
Segovia, que es además representante de la ‘Mesa por la Hospitalidad’, viene denunciando esta situación desde el pasado mes de junio, ya que se ha visto “agravada por las altas temperaturas de las últimas semanas”. Y es que, tal como señala el Arzobispado, el vicario ha transmitido a la fiscal su preocupación por el “desamparo y desprotección de núcleos familiares de desplazados con escasos recursos, que se encuentran en demanda de protección”, algo por lo que el Defensor del Pueblo también se encuentra tramitando una queja.
Actualmente, estas familias que residen en Madrid son asistidas por la ‘Mesa por la Hospitalidad’, según ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado. Tras el encuentro, en el que también ha participado el fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, la Fiscalía solicitará información a las diferentes administraciones competentes sobre los mecanismos de coordinación con los que se pueda hacer frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas.
Una “inexplicable” falta de previsión
La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid pidió a principios de julio a la Fiscalía General del Estado una “intervención legal” ante “la inexplicable falta de previsión” y “descoordinación” del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que no estaban sabiendo dar respuesta a “la llegada de cifras muy asumibles y previsibles de personas forzosamente desplazadas que demandan protección internacional y/o ayuda humanitaria”.
El texto, firmado por José Luis Segovia, explicaba que ninguna de las instituciones “está dando respuesta suficiente a las necesidades básicas y urgentes de estas personas”. De hecho, en bastantes casos“las administraciones, con obvios deberes legales para con estas personas, se limitan a remitírnoslas sin más”.
De la misma manera, el documento subrayaba que son “diferentes instancias ciudadanas y eclesiales” las subsidiarias de la falta de responsabilidad administrativa. “Tenemos que dar albergue y alimentación a personas que llegan a nuestro país y que, en no pocos casos, cuentan con hijos e hijas menores de edad, personas ancianas, enfermas o con discapacidad”, señalaba el texto remitido por el propio arzobispado.
