José Luis Segovia: “Los CIE son un instrumento sórdido e inhumano”

  • En su informe anual, el SJM denuncia que España decretó 11.384 repatriaciones forzosas en 2018
  • Los jesuitas perciben que se discrimina a marroquíes y argelinos, dos tercios del total de los internos
  • Preocupa especialmente la situación de los menores, identificando a 93 de los 807 internos visitados

Por noveno año, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha publicado en la mañana de este jueves 6 de junio, en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid, su informe anual sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), siempre elaborado desde las cifras oficiales y por su experiencia directa, gracias a los voluntarios de las numerosas entidades jesuitas que acompañan a los internos en los CIE de toda España.

El estudio de 2018, titulado ‘Discriminación de origen’ y en el que han participado 807 personas visitadas, hay un dato que estremece especialmente: el pasado año, el Gobierno de España decretó 11.384 repatriaciones forzosas, 2.058 más que en 2017.

Del total de repatriados, 7.203 personas fueron devueltas en la propia frontera y 4.181 fueron expulsadas por considerarse su estancia irregular. Significativamente, de los 2.058 repatriados más en comparación con 2017, el número de expulsiones solo ha experimentado un ligero repunte (127), mientras que el porcentaje de devoluciones ha acaparado prácticamente el total, llegando a las 1.931.

7.855 internos en el CIE

En cuanto a los CIE, en 2018 fueron internadas 7.855 personas; de ellas, la práctica totalidad (7.676), eran hombres. Respecto a los motivos del internamiento, la mayoría obedecieron a dos causas: hubo 5.502 expedientes de devolución por entrada ilegal en patera (70,04%) y 1.246 de expulsión por estancia irregular (15,86%). Por nacionalidades, procedían de 90 países distintos, aunque la mayoría eran de Marruecos (2.801, el 35,66%) y Argelia (2.511, el 31,99%). Es decir, dos tercios de los internados en un CIE en 2018 fueron magrebíes…

Este último punto llama la atención a los autores del informe, que observan el “trato discriminatorio dispensado a las personas de nacionalidad argelina o marroquí, detenidas en comisarías, mientras que se deriva a dispositivos de atención humanitaria y custodia a las de origen subsahariano o asiático”.

Como ha explicado en la rueda de prensa de esta mañana Josep Buades, autor del informe y director de la Asociación Claver-SJM, esto ocurre en gran medida porque “en Marruecos y Argelia hay más consulados y, por tanto, más información sobre sus nacionales, siendo además su devolución en barco. En cambio, con los subsaharianos hay mucha menos información, porque sus países tienen menos consulados y porque ellos mismo afirman ser muchas veces de otra nacionalidad, siendo ellos devueltos en avión”. Una situación que, en realidad, dificulta bastante más su extradición.

Colectivos vulnerables

Frente a ello, en el informe se solicita que “las plazas de acogida humanitaria deben destinarse a personas en situación de vulnerabilidad con independencia de su nacionalidad”. Otra cosa es que, como añaden, el sistema falle y también se produzca la “falta de detección temprana de personas con perfiles de especial vulnerabilidad”.

Con todo, pese a que se admite que hay “una labor constante de mejora” en los CIE, en lo referente a “las condiciones de vida y a las garantías de derechos”, el SJM no puede sino repetir, como cada año, “la reivindicación fundamental: el fin de la institución del internamiento y el cierre de los CIE”.

En la misma línea ha ido el sacerdote José Luis Segovia, vicario de Desarrollo Humano Integral de la Archidiócesis de Madrid, que ha denunciado que, “cuando el Derecho sofoca y asfixia a las personas que ejercen su derecho a la movilidad, es un mal Derecho”. Y es que los CIE, en los que se vive en condiciones incompatibles con los derechos humanos, son un instrumento sórdido e inhumano”.

Carácter penitenciario

Segovia ha rememorado el tiempo en el que España ideó el modelo de los CIE, detallando cómo su evolución es significativa de su íntimo carácter penitenciario: “Pese a que se negó, muchos de ellos se han erigido sobre antiguas cárceles. Empezaron sin ningún régimen interno de derechos y deberes y sin ningún control judicial, habiendo en ellos menores y víctimas de la trata. Poco a poco, eso ha ido cambiando, adaptándose el Derecho a la realidad, pero lo cierto es que la primera acción fue criminalizar a este colectivo humano”.

Por ello, el sacerdote ha reivindicado que “los CIE deben ser cerrados ya. Porque son ilegales (es indudable su carácter penitenciario), ilegítimos (se priva a estas personas de libertad), inmorales (los internos parecen fardos, mercancías) y disfuncionales (no cumplen los teóricos fines para los que fueron impulsados)”

Buades ha puesto su mirada en la situación de los menores en los CIE, cuya presencia allí prohibe la ley. Ha destacado que, de las 807 personas visitadas por sus voluntarios, han detectado hasta 93 que podrían ser menores. Una cifra significativa, pues el propio Estado ha identificado a 89 menores en los CIE en 2018…, entre los 7.855 internos. Lo que da idea de que, en realidad, podrían ser muchos más.

Luz frente a la opacidad

Ana Bosch, abogada y coordinadora del Programa CIE en Pueblos Unidos, ha contado que “en cada CIE hay una problemática diferente”, aunque, en general, “los obstáculos se repiten en la mayoría de centros”; tales como “la falta de intérpretes, los problemas en la efectividad de las visitas o en la entrega de los listados internos”. Ante “la opacidad que marca la vida en los CIE, buscamos poner luz y que se conozcan situaciones somo las que sufren personas con graves problemas de salud, incluidos mentales, y que están internas en unos centros que no están preparados para atenderlas”.

Mustapha Mohamed-Lamin, coordinador del Equipo CIE en el SJM de Valencia, ha enfatizado “la determinación a prueba de bombas de nuestros voluntarios, que padecen todo tipo de dificultades y trabas absurdas, y que no se cansan de levantarse contra los muros que son los CIE, tratando de humanizar algo la estancia de los internos desde un trato familiar”.

Segovia ha concluido defendiendo que “la Iglesia debe ejercer un papel básico a la hora de sensibilizar a las bases sociales, siendo un dique de detención frente a los discursos del odio”. Una idea que ha rematado Mª Carmen de la Fuente, coordinadora del SJM: “Tenemos que luchar por generar una cultura de la hospitalidad y la acogida. Un reto en el que hemos de ser audaces para saber ser un contrapeso frente a la crueldad”.

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