La Comisión Episcopal de Justicia y Paz de Venezuela se planta en contra de la brutal represión

  • Las jornadas de protestas han dejado un saldo de 4 fallecidos, 240 detenidos y más de 300 heridos
  • Los derechos humanos son inviolables y estos delitos no pueden ser justificados por obediencia debida”

La Comisión de justicia y paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha expresado su preocupación ante la brutal represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado hacia las manifestaciones realizadas en el país durante los días 30 de abril al 02 de mayo de 2019, que “ha dejado el lamentable saldo de 4 personas asesinadas, 240 detenidos y más de 300 heridos según el informe de la organización Foro Penal”.

En un comunicado, suscrito por las autoridades de dicha comisión, presidida por Roberto Lückert León, arzobispo de Coro, y por el presbítero Saúl Ron Braasch, vicario general de justicia y paz, también han rechazado “las agresiones a la libertad de prensa en la que doce trabajadores fueron víctimas de distintos tipo de violencia”.

“Cinco reporteros heridos con perdigones, una emisora robada y al menos tres medios sacados del aire”, tal como lo han referido a través de la cuenta de twitter @CEVmedios del episcopado venezolano.

Cesen el uso criminal de la fuerza

Asimismo  han dicho que todas estas “acciones de criminalización, violencia y represión suscitadas en las manifestaciones son contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución Venezolana”.

También han recordado que estas violaciones de la dignidad humana atentan contra los tratados internacionales en la materia suscritos por la República, al tiempo que se han hecho eco del repudio general que ha causado el ataque violento al templo de Nuestra Señora de Fátima en el barrio Sucre de San Cristóbal, estado Táchira.

Por otra parte, han hecho un llamado tanto a los mandos superiores como también a los efectivos subalternos de los cuerpos de seguridad, incluyendo a los colectivos chavistas, a respetar debidamente y a garantizar los derechos humanos como “el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente”.

Estos delitos no prescriben

Una vez más han recordado el deber de respetar los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a manifestar, al debido proceso y a la libre expresión del pensamiento, porque “son inviolables y que cualquier vulneración a estos pueden derivar en delitos que son imprescriptibles y no pueden ser justificados por obediencia debida”.

Igualmente hacen votos por el restablecimiento de la concordia y la fraternidad, elevan sus oraciones por “el descanso de los fallecidos y el consuelo a los familiares de las víctimas”.

Para finalizar, desde esta instancia eclesial, han solicitado a la Asamblea Nacional determinar “las responsabilidades de estos hechos a fin de que sean tramitadas ante las instancias correspondientes”.

Foto SNTP

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