La cifra se tornó titular: “más de 100 casos de abusos fueron cometidos por curas en Colombia”. Así lo han registrado varios medios del país y de la región, luego de que el arzobispo de Bogotá, el cardenal Rubén Salazar Gómez, admitiera en una entrevista concedida a Semana que “sólo en Bogotá tenemos 12 casos de abusos, y en toda Colombia podríamos hablar de más de 100”.
No es la primera vez que el cardenal aborda frontalmente esta ‘lacra’ que urge respuestas claras por parte de la Iglesia, y que motivó la reciente cumbre vaticana contra la pederastia donde el purpurado colombiano tuvo una de las intervenciones más contundentes y aplaudidas.
“No estamos exentos”
“Como dije en Roma, la Iglesia en Colombia tiene que ponerse en máxima alerta”, pues no estamos exentos de toda una situación estilo Estados Unidos y Chile”, agregó el Primado de Colombia. “Hay que denunciar los casos que se presenten, reparar a las víctimas, y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de abuso”, puntualizó.
Aunque en Colombia como en la mayoría de los países, la Iglesia no cuenta con estadísticas exactas frente a los casos de abusos, Salazar adelantó que este será “uno de los temas que vamos a tratar en la próxima asamblea de la conferencia episcopal”.
“Nadie puede dejar de denunciar”
El arzobispo de Bogotá fue enfático al decir que “nadie puede dejar de denunciar un abuso”, no obstante que reconoció que todavía existe confusión al considerar que una denuncia “se puede tomar como un problema de moral de un sacerdote y no como un crimen sometido a la legislación”.
Se hace necesario, por tanto, “distinguir entre el pecado, sometido a la misericordia de Dios y, por lo tanto, posible de absolver; el delito canónico, que va contra la ley de la Iglesia y debe ser sancionado; y el delito civil, que tiene que ser denunciado de inmediato y sometido a la legislación“. Resumiendo, no se puede confundir “ser misericordioso con encubrir”.
Reparación integral
También la Iglesia debe comprometerse con “una reparación integral, que incluye aspectos psicológicos, psiquiátricos, morales y religiosos que busquen que la víctima sane, salga adelante”, señaló el purpurado, sin dejar de advertir que “debe haber una reparación económica cuando el daño causado las haya hecho incapaces de organizar su vida, tener un empleo, profesión, ganarse la vida”, sin mencionar que “estas personas requieren tratamientos psicológicos muy costosos”.
Frente a la prescripción de estos delitos, el cardenal envió un mensaje alentador a las víctimas al decir que “si una persona denuncia, así el crimen haya prescrito, el obispo tiene la obligación de adelantar un proceso y, si es necesario, imponer una pena al abusador que puede llegar a la expulsión del estado clerical“. Incluso, mientras que se desarrolla la investigación preliminar, el obispo puede “poner penas cautelares al acusado, es decir, suspenderlo para que no pueda ejercer el ministerio en privado ni en público”, y si fuera necesario “aislarlo para que no sea una potencial amenaza”.
