La Santa Sede ha reformado la que hasta ahora era conocida como oficina del auditor general para que a partir de ahora se constituya en una “autoridad anticorrupción”. Así lo recoge un nuevo estatuto de la entidad que entra en vigor el próximo 16 de febrero y a través del cual se confiere a esta oficina vaticana nuevas competencias.
Así, este auditor general a partir de ahora tendrá la misión de solicitar y obtener “de los Organismos y Administraciones auditados cualquier información y documentación de carácter financiero o administrativo significativo”.
Acceder sin impedimentos a la información
De esta manera se explicita en la modificación del párrafo 3 del artículo primero del estatuto, que permite además al auditor acceder sin impedimentos a la información de carácter económico o administrativo necesarios para la realización de la auditoría.
Toda vez que tenga recopilada la información de cada uno de los departamentos, este auditor general, responsabilidad que hoy recae en el italiano Alessandro Cassinis Righini, ha de informar a la Autoridad de Información Financiera, al Consejo de Economía así como comunicárselo a la Autoridad Judicial competente del Estado de la Ciudad del Vaticano en el caso de cualquier noticia de delito identificada en el curso de su actividad.
