En nombre de la Iglesia de Madrid y de las distinas instituciones católicas que trabajan en la materia, José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación de la diócesis de Madrid, ha enviado una carta hoy, 4 de diciembre, a los poderes públicos (grupos parlamentarios, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Defensor del Pueblo). En ella expresa su consternación “por el trágico suceso acaecido en Madrid hace pocos días”, en el que una mujer “presa de la desesperación” ante su inminente desahucio, “se arrojó por la ventana de su domicilio”.
Para Segovia, “este dramático caso” pone de manifiesto “de forma muy cruda” la realidad que viven “muchas familias “por no poder, casi siempre, pagar el alquiler de su vivienda”. “Con frecuencia”, ha añadido, distintas entidades de intervención social deben “dar cobertura a personas que están siendo lanzadas de sus hogares”, y que, “no en pocos casos”, cuentan con personas dependientes a su cargo, así como con “hijos e hijas menores, personas ancianas, enfermas o discapacitadas”. Por este motivo han pedido que “el derecho a la vivienda” no se convierta en “un derecho desahuciado” por los poderes públicos.
De esta manera, Segovia ha subrayado que mientras “el sistema judicial expulsa” a estas personas de sus hogares, ” la administración local como las entidades de intervención nos volvemos locos para paliar los estragos de una hemorragia social imparable” que, en su opinión, requiere un abordaje preventivo. Un tratamiento impedido, en primer lugar, por la “ausencia de suficientes viviendas sociales en la Comunidad de Madrid”.
Un derecho con escasas garantías
“Hemos pasado de un modelo de producción masiva de vivienda de protección oficial a otro de liberalización del suelo, especulación y corrupción, para acabar desembarcando en el olvido flagrante del derecho a la vivienda”, ha afirmado Segovia. Así, además de una iniciativa legislativa “que impida el desahucio de personas vulnerables, ancianos, niños y niñas sin que, previamente, se cuente con informe social y, en estos casos, siempre con la garantía de una alternativa residencial digna”, han solicitado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como la promoción de la construcción de viviendas sociales y el “alquiler social para personas vulnerables”.
A la “falta de garantía de este derecho constitucional”, que desemboca en una “precipitación grosera a vivir a la intemperie”, se suma la “falta de una política efectiva de acogida e integración social de las personas desplazadas forzosamente“. Por todo ello, el objetivo de la misiva no es otro que “promover una iniciativa legislativa por razones humanitarias que cuente con el mayor consenso posible y sea realista”.
“No podemos olvidar”, ha apuntado Segovia, que existe “el riesgo de un enfrentamiento de pobres autóctonos contra personas desplazadas forzosamente”. Un riesgo que “solo se neutraliza elevando los listones de los derechos de todos. “En la familia humana”, ha añadido, “todos somos responsables de todos y nadie está exento del deber de ser custodio de la vida del otro”. Esta es, entonces, una “responsabilidad” ética, religiosa y social, “pero también política y jurídica”.
