La sociedad peruana se ha visto sacudida por la publicación, entre abril y mayo de 2026, de fotografías del sacerdote Omar Sánchez desnudo en la cama junto a adulto descrito en algunos foros como vulnerable por su presunta toxicodependencia. De la misma manera, habrían visto la luz mensajes de WhatsApp que incluirían expresiones de contenido sexual explícito atribuidos presuntamente a ambos.
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El sacerdote ha afirmado públicamente que las acusaciones contra él son falsas y que tanto la Fiscalía como el tribunal eclesiástico archivaron las investigaciones. Sin embargo, no se han hecho públicos los documentos que permitan conocer los fundamentos de esas decisiones.
El adulto que aparece en las imágenes ha excusado al sacerdote y niega la mayor sobre los hechos a los que se le vincula, pero confirmó la autenticidad de estos documentos publicados en Epicentro TV. Ha negado haber sufrido abusos, ha descrito las fotografías como una “muestra de amistad” y ha manifestado que el sacerdote siempre le ayudó.
Su madre, que inicialmente denunció los hechos, retiró posteriormente su denuncia explicando que debía proteger a su familia.
Se trata de un terremoto de magnitud considerable en los barrios más elegantes de Lima, que ahora vuelve a la actualidad en la víspera del viaje de León XIV a Perú.
La verdad judicial y la real
A pesar de las pruebas expuestas en la prensa nacional e internacional, el padre Omar ha seguido al frente de la Asociación de las Bienaventuranzas, la entidad para ayudar a personas vulnerables que fundó en 2008. El sacerdote aún hoy ocupa la secretaría general de Cáritas Lurín.
Su proyección mediática en los últimos años no se ha limitado a sus obras benéficas: también ha estado vinculada al apoyo a figuras políticas como Keiko Fujimori y a la defensa de posiciones controvertidas sobre el Sodalicio y el cardenal Juan Luis Cipriani.
El eventual archivo de la investigación, la retractación de la denunciante y las declaraciones del adulto implicado no despejan, por sí solos, todas las cuestiones relacionadas con la actuación de la Iglesia. Desde mi punto de vista, la verdad de lo ocurrido no puede ser tapada con la verdad judicial, un simple archivo de la denuncia. Además, si no me equivoco, también queda en el aire la necesidad de actuar de oficio cuando es necesario tutelar la disciplina eclesial.
Cuestiones aún no resueltas
Desde ahí, me surgen algunas preguntas para Carlos García Camader, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, dejando por supuesto que habría muchas otras.
- La primera es por qué la investigación se habría centrado en el presunto abuso de una persona vulnerable sin que se conozca públicamente si también se examinó la posible existencia de una conducta sexual incompatible con las obligaciones del estado clerical. ¿Saben los responsables eclesiales que el canon 1395 § 2, aplicable en este caso, contempla sanciones para los delitos contra el sexto mandamiento cometidos públicamente, incluida, en los casos más graves, la dimisión del estado clerical?
- También es necesario aclarar qué recorrido siguió la denuncia remitida a través del papa Francisco al Dicasterio para el Clero por mediación del periodista chileno Juan Carlos Cruz, conocido por su trabajo en la protección de menores y la atención a víctimas de abusos. ¿Fue examinada? ¿Se remitió a la Diócesis de Lurín? En tal caso, ¿qué seguimiento se ha hecho por parte del organismo vaticano? ¿Se exigirán responsabilidades en caso de que se confirmara una negligencia o abuso de poder en el trato de la denuncia?
- La transparencia exige que se expliquen los procedimientos seguidos, respetando la confidencialidad que corresponda. ¿Quién responderá por la ausencia de información pública sobre las medidas cautelares y mecanismos de supervisión que en este caso soy consciente de que han brillado por su ausencia?
- La Asociación de las Bienaventuranzas atiende a personas en situación de gran vulnerabilidad y el padre Omar mantiene responsabilidades en Cáritas Lurín. En estas circunstancias, ¿el Dicasterio para el Clero no debería exigir explicaciones a la Diócesis de Lurín por lo que podría considerarse una presunta falta de garantías en la protección a quienes reciben asistencia, a los voluntarios y a los colaboradores, así como qué controles institucionales y financieros se aplican?
- La madre del adulto que se vincula al sacerdote terminó retractando su denuncia ‘’para proteger a su familia’’. Yo ofrezco mi particular visión sobre esta reacción: en dos palabras, por miedo. Partiendo de esta hipótesis, ¿el Dicasterio para el Clero no debería exigir explicaciones a quien corresponda en la Arquidiócesis de Lima si se confirmara la falta de protección a los que se atreven a denunciar abusos en la Iglesia?
La transparencia en la Iglesia, asignatura pendiente
No se trata de dar por probadas acusaciones que han sido negadas ni de sustituir a las autoridades judiciales o eclesiásticas en aquello que toca hacer a quien le compete.
Se trata de exigir que las decisiones se expliquen y que la protección de las personas vulnerables no dependa de la notoriedad o del prestigio de un sacerdote. Tampoco del interés de los periodistas en informar de los hechos. A veces rozando el heroísmo, como ha hecho la periodista Paola Ugaz.
El ejemplo de Francisco y León
En 2018, Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, asumió un papel relevante en la atención a las víctimas de abusos vinculados al Sodalicio. Su papel como presidente de la Comisión Episcopal para la Prevención de Abusos fue clave, tal como han reconocido las víctimas del Sodalicio.
Posteriormente, el pontificado de Francisco insistió en la necesidad de combatir tanto los abusos de todo tipo, no solo los sexuales, como el encubrimiento y la negligencia institucional. Como una madre amorosa, Vos estis lux mundi, la reforma del Código y tantas iniciativas legislativas se centraron en la tutela de las víctimas.
La Iglesia peruana conoce, por tanto, la importancia de afrontar estas crisis con transparencia y responsabilidad. Tiene buenos precedentes para hacerlo bien.
¿Qué Perú visitará el Papa León?
La próxima visita de León XIV a Perú hace todavía más oportuno plantear estas preguntas. El país que el Papa conoce de primera mano vive inmerso en la polarización y mucha corrupción. Perú necesita una Iglesia ejemplar. Una comunidad de fe capaz de rendir cuentas, proteger a los más vulnerables y ofrecer respuestas claras ante las situaciones que comprometen su credibilidad.
El caso de Omar Sánchez podrá haber sido archivado en alguna de sus instancias estatales o eclesiásticas. Pero mientras no se conozcan los fundamentos de las decisiones adoptadas y las garantías de protección existentes, la cuestión de la responsabilidad institucional seguirá abierta. Y Perú, como ocurre en otras partes, continuará sufriendo por la falta de tutela a los adultos vulnerables.
Una pregunta conclusiva
Sobre todo, termino con la pregunta clave: quedando pendiente el asunto de la presunta relación de un presbítero que habría quedado al descubierto con un adulto que podría considerarse vulnerable, ¿cómo evitar que este sacerdote regrese sin más al pleno ejercicio pastoral, poniendo en peligro su sacerdocio y, sobre todo, a otras personas?
