La pobreza tiene una ventaja para quienes no la padecen: siempre parece responsabilidad de otros. De los gobiernos que administran mal, de las empresas que pagan poco, de los mercados que especulan, de una economía que reparte sus beneficios con una desigualdad escandalosa. El diagnóstico puede ser rigurosamente cierto y, sin embargo, esconder una extraordinaria comodidad moral. Porque señalar al responsable más poderoso permite eludir una pregunta bastante menos confortable: ¿qué responsabilidad corresponde a cada ciudadano en la sociedad que produce, consiente y termina considerando aceptable la pobreza?
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La pregunta resulta molesta porque amenaza una de las grandes conquistas psicológicas de las sociedades acomodadas: la posibilidad de sentirse una persona decente sin que esa consideración obligue a modificar prácticamente nada. Basta con cumplir las leyes, atender las obligaciones familiares, pagar los impuestos y manifestar una sensibilidad razonable ante las desgracias ajenas. Todo lo demás queda convenientemente situado en el territorio de las responsabilidades públicas. La conciencia individual conserva así una pulcritud admirable. El sufrimiento continúa, pero nadie parece tener las manos suficientemente cerca de él como para sentirse concernido.
Existe una forma de respetabilidad que ha hecho de la indiferencia una virtud discreta. No necesita despreciar abiertamente a las personas empobrecidas. Le basta con mantenerlas fuera de las decisiones que organizan su bienestar. Puede emocionarse ante una historia de sufrimiento y defender, unas horas después, medidas que agravan situaciones semejantes. Puede contribuir generosamente a una campaña solidaria y considerar intolerable que una política redistributiva afecte a una parte de sus ingresos. Puede lamentar las dificultades de acceso a la vivienda mientras celebra que sus propiedades aumenten de valor, sin preguntarse demasiado por las consecuencias que ese encarecimiento tiene para otros. Todo resulta compatible cuando la solidaridad pertenece al mundo de los sentimientos y los intereses económicos disfrutan de una jurisdicción moral independiente.
Ahí reside una de las grandes contradicciones de este tiempo. La sensibilidad social ha adquirido una considerable presencia pública, pero no siempre ha conseguido penetrar en los espacios donde realmente se toman las decisiones. La compasión puede ser intensa y, al mismo tiempo, perfectamente estéril. Conmueve lo que sucede lejos mientras se negocia con una sorprendente dureza lo que ocurre cerca. Hay ciudadanos capaces de indignarse ante las imágenes de una catástrofe humanitaria y discutir hasta el último euro la remuneración de quien limpia su casa. La distancia geográfica favorece cierta generosidad sentimental; la proximidad económica exige una justicia que ya afecta al bolsillo. Y entonces la conciencia empieza a encontrar dificultades.
Indiferencia voluntaria
El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, debería servir para examinar precisamente esa zona de contradicciones donde las convicciones públicas dejan de coincidir con las decisiones privadas. No porque la responsabilidad ciudadana sustituya las obligaciones irrenunciables del Estado, ni porque todas las personas dispongan del mismo poder para transformar las estructuras sociales. Sería intelectualmente deshonesto establecer semejante equivalencia. Pero existe una diferencia esencial entre no disponer de capacidad suficiente para corregir una injusticia y utilizar esa limitación como excusa para desentenderse de ella. La impotencia real merece comprensión. La indiferencia voluntaria exige un juicio moral bastante más severo.
La democracia ha desarrollado una noción particularmente cómoda de ciudadanía, reducida con demasiada frecuencia al ejercicio periódico del voto y a la defensa permanente de los derechos individuales. El ciudadano se convierte en consumidor de servicios públicos, contribuyente vigilante de sus intereses y espectador indignado de las decisiones políticas. Pero una comunidad democrática requiere algo más que individuos capaces de reclamar lo que les corresponde. Necesita personas dispuestas a reconocer que la libertad propia se ejerce dentro de una realidad compartida y que determinadas ventajas, aun siendo legales, pueden resultar socialmente injustas cuando se sostienen sobre la desprotección ajena.
La legalidad establece un marco imprescindible de convivencia. No agota, sin embargo, las exigencias de la conciencia. Que una conducta esté permitida no significa necesariamente que resulte justa. Que una operación económica sea rentable no demuestra que sus consecuencias sean socialmente aceptables. Que una decisión favorezca legítimamente a una familia tampoco elimina la obligación de considerar sus efectos sobre otras. Hay una enorme diferencia entre defender un derecho y convertir cualquier interés particular en un absoluto moral. La primera actitud hace posible una sociedad libre. La segunda acaba erosionando las condiciones que permiten a todos ejercer esa libertad.
En su encíclica Magnifica humanitas, León XIV plantea una cuestión que alcanza directamente este debate. Al desarrollar el principio del bien común, en el número 59, lo define como «la forma social de la dignidad que se reconoce a cada uno». La expresión posee una densidad extraordinaria. La dignidad deja de ser únicamente una afirmación sobre el valor de cada persona y se convierte en una exigencia sobre el modo de organizar la convivencia. En el número 61, el Pontífice advierte de que «la mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad». Dicho de otro modo, una sociedad puede estar llena de ciudadanos preocupados por mejorar sus circunstancias personales y seguir siendo profundamente injusta.
Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar en una cultura que ha convertido el éxito individual en medida privilegiada del mérito. Se admira a quien asciende, acumula, consigue ventajas y asegura su posición. Apenas se pregunta qué condiciones colectivas han permitido ese recorrido, qué oportunidades estaban disponibles desde el principio y qué personas han quedado fuera de la competición. El mérito existe y merece reconocimiento. Lo moralmente insostenible es utilizarlo como explicación universal de las desigualdades, como si todas las biografías comenzaran con idénticos recursos, idénticas posibilidades y un horizonte igualmente abierto.
Comodidad contra justicia
El problema aparece cuando la prosperidad personal se interpreta como una absolución. Quien ha logrado una posición económica favorable puede llegar a considerar que su situación constituye la prueba definitiva de haber actuado correctamente. Desde esa convicción, la pobreza ajena comienza a contemplarse como un fracaso que necesita explicaciones individuales. Falta esfuerzo, previsión, disciplina, capacidad de sacrificio. El razonamiento resulta confortable porque permite defender una imagen moralmente satisfactoria del propio éxito y, simultáneamente, reducir las obligaciones hacia quienes no han alcanzado resultados semejantes.
Esa interpretación ignora una evidencia elemental: ninguna trayectoria humana se construye exclusivamente con recursos propios. La educación recibida, la estabilidad familiar, el patrimonio heredado, las relaciones sociales, las condiciones de salud, el lugar de nacimiento y las oportunidades disponibles intervienen de manera decisiva en las posibilidades de cada persona. Reconocerlo no resta valor al esfuerzo. Impide convertirlo en un argumento para despreciar a quienes han tenido que afrontar condiciones mucho más adversas. Pero la responsabilidad ciudadana comienza en un territorio todavía más comprometedor. ¿Qué ocurre cuando la comodidad personal entra en conflicto con la justicia que se dice defender?
Ocurre en una comunidad de propietarios que rechaza la llegada de determinadas familias porque teme que disminuya el prestigio del edificio. Ocurre cuando unos padres consideran deseable la diversidad social, siempre que no afecte al centro educativo elegido para sus hijos. Ocurre cuando se defiende una ciudad abierta e integradora, pero se recibe con hostilidad la posibilidad de instalar recursos de acogida en el propio barrio. Ocurre cuando se condena la explotación laboral mientras se buscan precios que difícilmente permiten remuneraciones dignas. Ocurre cuando se reclama una sociedad más igualitaria, siempre que sus transformaciones no obliguen a renunciar a ninguna ventaja.
Son situaciones diferentes y exigen valoraciones igualmente diferentes. Pero todas pueden revelar una contradicción que merece ser examinada: la facilidad con la que ciertos principios pierden fuerza cuando dejan de ser una declaración y comienzan a reclamar consecuencias.
La pobreza se perpetúa también mediante esa acumulación de decisiones ordinarias. Algunas tienen una repercusión económica directa; otras consolidan prejuicios, segregaciones y barreras de convivencia. Ninguna permite explicar por sí sola un fenómeno tan complejo, pero tampoco resulta razonable considerar irrelevante la suma de comportamientos que terminan definiendo qué sociedad se construye. Las estructuras injustas no flotan por encima de la ciudadanía como realidades completamente ajenas. Se mantienen mediante intereses, decisiones, instituciones y hábitos que merecen ser examinados, aunque sus responsables no participen siempre de manera consciente en las consecuencias.
La gran cuestión moral consiste en determinar hasta qué punto cada persona está dispuesta a someter sus propios intereses al criterio de la justicia. Porque defender la solidaridad cuando no cuesta nada resulta relativamente sencillo. Lo difícil comienza cuando exige pagar un salario justo, renunciar a una ventaja abusiva, aceptar una política pública necesaria aunque no proporcione un beneficio inmediato, rechazar una discriminación compartida por el entorno o comprometer tiempo y recursos en una causa que carece de recompensa personal.
Explicar la pobreza
No todas las personas pueden asumir idénticos sacrificios. Exigirlos indiscriminadamente sería otra forma de injusticia. Quien apenas consigue sostener su hogar no tiene las mismas obligaciones materiales que quien dispone de un patrimonio considerable. La responsabilidad moral debe atender a la capacidad real de decisión y a las consecuencias de cada conducta. Precisamente por eso resulta especialmente grave que quienes poseen mayor margen de elección encuentren tantas justificaciones para reducir sus obligaciones al mínimo legal.
La libertad económica tampoco debería convertirse en una patente de indiferencia. Comprar, contratar, invertir, alquilar, administrar un negocio o dirigir una organización son actividades legítimas que llevan asociadas responsabilidades sociales. El hecho de que esas decisiones pertenezcan al ámbito privado no elimina sus consecuencias públicas. La intimidad de una operación económica termina cuando sus efectos alcanzan la vida de otras personas. Y quien dispone de poder para fijar condiciones tiene una obligación proporcionada a ese poder.
Esta reflexión no pretende instaurar una policía moral sobre los hábitos cotidianos. Tampoco convertir el consumo individual en explicación suficiente de la pobreza, ignorando las relaciones económicas y políticas que condicionan las opciones disponibles. Sería una simplificación tan peligrosa como la contraria. La transformación social necesita instituciones sólidas, normas eficaces, fiscalidad justa, protección de derechos, participación democrática y políticas capaces de corregir desigualdades estructurales. Pero necesita igualmente ciudadanos que no reclamen esas transformaciones únicamente cuando afectan a otros.
“Nadie está exento de responsabilidad”
León XIV, en el número 212 de Magnifica humanitas, formula una advertencia particularmente exigente: “nadie está exento de responsabilidad”. La frase llega acompañada de una precisión fundamental. No todas las personas poseen idéntica capacidad de influencia. Existen diferencias entre quien gobierna, quien decide inversiones, quien dirige instituciones y quien apenas dispone del ámbito cotidiano de su existencia. Esa desigual distribución del poder modifica el alcance de las obligaciones, pero no convierte a nadie en moralmente irrelevante. La responsabilidad comienza allí donde existe una posibilidad real de decidir.
El Evangelio contiene, además, una advertencia de una dureza extraordinaria en la parábola del rico y Lázaro (Lc 16, 19-31). El relato no atribuye al rico un acto explícito de violencia contra el mendigo tendido junto a su puerta. Su condena moral se revela en una convivencia escandalosa: la abundancia y la necesidad comparten prácticamente el mismo espacio sin que esa proximidad altere el comportamiento de quien disfruta de todo. Lázaro permanece allí, convertido en presencia habitual, mientras la vida del rico transcurre sin que su sufrimiento llegue a constituir una obligación.
La parábola desmonta una de las coartadas más antiguas de la conciencia acomodada. Para participar en una injusticia no siempre resulta necesario cometer personalmente un acto cruel. En determinadas circunstancias, basta con disponer de capacidad para intervenir y haber decidido que la situación de otro ser humano no merece alterar la propia comodidad.
Esta perspectiva interpela también a las comunidades cristianas. La fe pierde credibilidad social cuando se vuelve extraordinariamente exigente en determinadas cuestiones morales y considerablemente indulgente ante comportamientos económicos que perjudican a los más débiles. No puede predicarse la fraternidad como principio universal y reservar la justicia para aquellos momentos en los que no compromete intereses particulares. La coherencia cristiana reclama una revisión seria de las prácticas económicas, las relaciones laborales, el uso de los bienes y las responsabilidades cívicas de quienes profesan públicamente su fe.
Pero sería un error reducir esta exigencia a una cuestión confesional. La pobreza interpela a cualquier conciencia que reconozca el valor de la igualdad, la libertad y los derechos humanos. La ciudadanía democrática tiene un contenido ético que no puede delegarse por completo en las instituciones. Una sociedad no adquiere calidad democrática únicamente porque sus procedimientos sean correctos. También la adquiere, o la pierde, en función del trato que sus integrantes dispensan a quienes carecen de influencia, patrimonio o reconocimiento social.
La desigualdad, ¿resulta rentable?
Resulta inquietante que tantas personas estén dispuestas a defender apasionadamente su libertad sin preguntarse por las condiciones materiales que permiten ejercerla a los demás. La libertad de quien puede elegir entre distintas oportunidades no tiene el mismo alcance efectivo que la de quien debe aceptar cualquier condición para sobrevivir. Defender una libertad puramente formal mientras se toleran desigualdades que vacían de contenido las posibilidades de otros constituye una contradicción política de primer orden.
De ahí que combatir la pobreza exija una ciudadanía menos preocupada por acreditar su sensibilidad y más dispuesta a examinar sus comportamientos. Una ciudadanía capaz de reconocer sus intereses sin convertirlos automáticamente en derechos superiores, de discutir sus privilegios sin sentir que toda crítica constituye una agresión y de aceptar que el bienestar particular comporta obligaciones hacia la comunidad.
La pregunta decisiva de este 17 de octubre debería formularse, por tanto, en términos mucho más comprometidos. ¿Qué ventajas individuales se consideran intocables aunque contribuyan a perpetuar situaciones injustas? ¿Qué sacrificios se está dispuesto a exigir a los demás y cuáles se rechazan cuando afectan al patrimonio propio? ¿Qué comportamientos se condenan públicamente mientras se practican discretamente? ¿Qué parte de la desigualdad se mantiene porque resulta rentable, cómoda o socialmente aceptada?
No hay transformación colectiva que pueda construirse sobre una ciudadanía empeñada en conservar intactas todas sus ventajas. Tampoco existe justicia social cuando el compromiso se limita a expresar preocupación por quienes sufren. La responsabilidad comienza al reconocer que las decisiones personales tienen consecuencias, que los derechos implican deberes y que la convivencia exige límites a la pretensión de convertir cualquier beneficio individual en un interés incuestionable.
Imagen de pobreza en Cuba. Foto: EFE
Tolerar el sufrimiento ajeno
La historia juzga a las sociedades por sus instituciones, sus leyes y sus decisiones políticas. Pero también por el consentimiento cotidiano que permite prolongar determinadas injusticias. Hay épocas en las que el problema más inquietante no consiste en la ausencia de personas capaces de reconocer el sufrimiento, sino en la abundancia de personas que han aprendido a convivir con él sin sentirse interpeladas.
Quizá el verdadero escándalo de la pobreza contemporánea resida precisamente ahí. En la facilidad con la que una sociedad puede considerarse moralmente avanzada mientras una parte de sus integrantes continúa soportando privaciones incompatibles con la dignidad humana. En la capacidad de defender grandes principios públicos sin someter a examen las decisiones privadas. En la satisfacción de sentirse solidario sin haber permitido que esa solidaridad cuestione siquiera una pequeña parcela de la propia comodidad.
Este 17 de octubre, la conciencia ciudadana merece un examen bastante más exigente que cualquier declaración de buenas intenciones. Porque la pobreza no se sostiene únicamente por las decisiones de quienes concentran el poder. También encuentra espacio en la tranquilidad de quienes, pudiendo cuestionar una injusticia, descubren que resulta más cómodo seguir beneficiándose de ella. Y acaso esa sea la pregunta que más debería avergonzar a una sociedad que se considera decente: ¿cuánto sufrimiento ajeno está dispuesta a tolerar para no tener que modificar su propia manera de vivir?
