El acuerdo firmado entre la Iglesia y el Gobierno, para abrir una nueva vía de indemnización a las víctimas de abusos a través del Defensor del Pueblo, supone un hito a la hora de reparar a quienes han sufrido todo tipo de agresión psicológica o física por parte de cualquier agente eclesial.
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La puesta en marcha, hace más de un año, del plan integral promovido por los obispos y las congregaciones religiosas ha permitido indemnizar ya a un centenar de personas con más de dos millones de euros, prueba del compromiso eclesial con los casos que habían prescrito o cuyo abusador había muerto. Confiar ahora en el Defensor del Pueblo certifica ese compromiso para que toda víctima sea reconocida, incluso aquellas que no confían en la comisión de expertos promovida por la Iglesia por considerarla parcial.
Otros ámbitos
Con este camino recorrido y los esfuerzos concentrados en la prevención, la Iglesia no da por cerrada la crisis, pero sí se le abre al Gobierno una nueva vía a la hora de asumir la responsabilidad con aquellos niños abusados y nunca reconocidos como víctimas en otros ámbitos como la escuela pública y los clubes deportivos.
