El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia en su Informe sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros que en estos espacios se hallan retenidos menores de edad, ciudadanos con nacionalidad comunitaria solicitantes de protección en otros países, mujeres que han sufrido violencia de género y personas con largas trayectorias de arraigo. A todas luces, se trata de una privación de libertad que vulnera los derechos y la dignidad de quienes llegan de fuera, tengan o no su documentación en regla.
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Denuncia profética
En plena cuenta atrás para las elecciones generales, la cuestión migratoria corre el riesgo de quedar atrapada en eslóganes sensacionalistas, que volverán a presentar al extranjero como amenaza y no como oportunidad. Por este motivo, la Iglesia no debe rebajar su tono de denuncia para recordar a la ciudadanía que la política migratoria no se limita a la toma de decisiones vinculadas a la apertura o el cierre de fronteras.
De lo contrario, volverán a quedar al descubierto la falta de acogida e integración que se proporciona al que viene de fuera y esos grilletes invisibles que constituyen los Centros de Internamiento de Extranjeros, que rubrican una exclusión social directa.
