Ni una sola inmatriculación irregular ni sospechosa. Es el resultado del minucioso informe del Gobierno que ha analizado “una a una” todas las propiedades de la Iglesia registradas durante el paréntesis abierto por la ley hipotecaria de Aznar entre 1998 y 2005. Hace tres años, el PSOE solicitó a través del Congreso de los Diputados una auditoría de estos bienes, a la que se sumó una campaña para sembrar la duda sobre el oscurantismo en el proceso.
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Ahora se cierra de golpe un argumentario recurrente que había servido como ariete anticlerical para minar la credibilidad de la Iglesia, dibujándola como un agente inmobiliario especulador que se habría apropiado de terrenos de particulares o de edificios que supuestamente pertenecerían a las administraciones públicas. Además, en el trasfondo, se esbozaba incluso una imaginaria desamortización.
Superado con nota
El examen de las inmatriculaciones se ha superado con nota, mérito de quienes apostaron en aquel momento y también ahora por hacer las cosas ‘como Dios manda’, es decir, conforme a la ley, con luz y taquígrafos. Esa transparencia es el mejor aval de credibilidad que debe guiar los otros frentes que Moncloa mantiene abiertos.
