La ley
La 45ª legislatura de Canadá, la del periodo de este 2025-2026, tiene sobre la mesa el proyecto de Ley C-9 –que no es del consejo de cardenales, sino que es la novena propuesta legislativa de este periodo–. La actual C-9 es la llamada, oficialmente, “Ley por la que se modifica el Código Penal (propaganda de odio, delitos de odio y acceso a lugares religiosos o culturales)“. Para los titulares es la llamada Ley para Combatir el Odio (‘Combatting Hate Act’).
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El Ministerio de Justicia de Canadá ha sido el encargado de preparar el Proyecto de Ley C-9, que busca actualizar y endurecer el Código Penal del país para ofrecer una mayor protección a las comunidades frente a crímenes motivados por prejuicios, además de garantizar un acceso seguro a espacios culturales, religiosos y comunitarios que han sido blanco de acoso. Hasta aquí todo parece normal.
Aterrizando en las novedades más significativas de esta ley está la creación de un delito específico de “crimen de odio”, algo que resuena en otros globos sonda legislativos en otros países. Hasta ahora en Canadá el odio se consideraba principalmente un factor agravante en la sentencia de otro delito subyacente como pueden ser la agresión o el vandalismo. En cambio, en el C-9 el “crimen de odio” como un delito penal distinto y codifica una nueva definición legal de “odio” basada en la jurisprudencia de los tribunales canadienses en torno a tres elementos:
- Protección de espacios vulnerables: tipifica como delito el acto de intimidar, obstruir o interferir intencionadamente en el acceso pacífico a lugares de culto, cementerios y otros espacios comunitarios específicos, con el fin de provocar miedo.
- Prohibición de símbolos de odio: convierte en delito la exhibición pública y deliberada de ciertos símbolos terroristas o de odio con la intención explícita de promover la animadversión hacia un grupo identificable.
- Facilitación de cargos judiciales: esto implica que se elimina el requisito previo de obtener el consentimiento del Fiscal General para presentar cargos relacionados con la propaganda de odio, lo que busca agilizar y descentralizar el proceso judicial.
Un sacerdote, durante una misa. Foto: EFE
El debate
¿Dónde está el problema?, podríamos preguntarnos. Y es que a pesar de su intención de proteger a las minorías frente al acoso y la violencia, el proyecto ha generado un intenso debate público y una fuerte oposición desde distintos sectores –también entre los expertos legales–.
Uno de los puntos más polémicos de las últimas enmiendas es la eliminación de la “defensa religiosa” que existía en el artículo 319(3) del Código Penal. Esto genera distintas preocupaciones sobre la Libertad Religiosa. En Canadá, hasta ahora, expresar ‘de buena fe’ una opinión basada en un texto o creencia religiosa servía como defensa legal frente a acusaciones de discurso de odio. Diversos grupos religiosos argumentan que eliminar esta exención amenaza directamente su libertad de religión y conciencia, temiendo que las posturas doctrinales tradicionales puedan ser criminalizadas arbitrariamente.
Además, algunas organizaciones de derechos civiles y sindicatos, como el Congreso Laboral Canadiense (CLC), han advertido que las definiciones del proyecto de ley, si no se acotan, podrían debilitar libertades democráticas fundamentales, creando un efecto paralizador (lo que técnicamente se llama ‘chilling effect’) sobre el derecho a la protesta, la libre asociación sindical y el debate político acalorado. Por ello denuncian una ambigüedad en la definición de “Odio”.
A pesar de ello, el proyecto sigue adelante. El 25 de marzo de 2026, fue aprobado en su tercera lectura en la Cámara de los Comunes con 186 votos a favor y 137 en contra. Ahora tiene que completar su proceso de revisión, lectura y debate en el Senado de Canadá. Si el Senado lo aprueba sin enmiendas que obliguen a devolverlo a la Cámara baja, recibirá el Asentimiento Real y se convertirá oficialmente en ley vinculante en todo el territorio canadiense.
La Biblia
En este proceso se han alzado voces también desde la Iglesia católica. Así, los obispos canadienses han pedido al Senado que enmiende la ley ya que la eliminación de la exención religiosa podría castigar la lectura de determinados textos bíblicos con hasta dos años de prisión. Esta condición que combaten los líderes religiosos formó parte de la negociación para alcanzar mayor acuerdo en los grupos parlamentarios. En concreto, todo parece indicar, que esta fue una de las peticiones del Partido Liberal.
El arzobispo de Toronto, el cardenal Frank Leo, y la propia Conferencia, ha alertado que de seguir así la legislación, quedaría criminalizado leer determinados fragmentos bíblicos, coránicos o de la Torá que condenen cuestiones como el aborto o la homosexualidad.
El purpurado ha escrito una carta a los canadienses y también al senado manifestándose contrario a cualquier manifestación de odio hacia los colectivos más vulnerables. Ahora bien, comparte la preocupación de “millones de canadienses que representan muchas y diversas tradiciones religiosas, comunidades de fe, grupos de interés, organizaciones y afiliados, incluidas instituciones no religiosas”.
Por ello reclama que se añada a la ley “una clarificación inequívoca” que acabe con toda ambigüedad y afirme “que la lectura de textos religiosos, así como la enseñanza y la predicación, no son en modo alguno consideradas promoción intencionada del odio de ningún tipo”.
