La pregunta de León XIV ante el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, interpela a una sociedad que puede conmoverse ante el sufrimiento individual sin cuestionar las estructuras que lo producen: “¿Cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana sea echada de su casa?”.
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El interrogante alcanza también a nuestra espiritualidad. Podemos cumplir escrupulosamente nuestras obligaciones personales, practicar la caridad e incluso alcanzar una reconocida ejemplaridad religiosa, mientras permanecemos indiferentes ante las decisiones económicas y políticas que determinan las condiciones de vida de nuestros vecinos. El Evangelio pone en carne viva esta contradicción.
El bien común no es la suma de las buenas conductas
La Doctrina Social de la Iglesia define el bien común como el conjunto de condiciones sociales que ayudan a las personas y grupos alcanzar más plena y fácilmente su perfección (‘Gaudium et spes’, 26). Esta definición impide reducirlo a la suma de individuos moralmente correctos. No alcanza.
Una sociedad puede estar poblada de personas honradas y, sin embargo, mantener leyes injustas, servicios públicos insuficientes, relaciones laborales abusivas o mecanismos que expulsan de sus viviendas a quienes carecen de recursos.
El bien común requiere una preocupación efectiva por aquello que construimos juntos. Necesita ciudadanos que reconocen que su responsabilidad no termina en la puerta de casa, empresarios conscientes de sus obligaciones sociales, asociaciones comprometidas con su entorno y autoridades sometidas al control democrático.
Requiere también deliberación, participación, instituciones competentes y decisiones que no abandonen a los vulnerables a su propia suerte.
La pregunta del Papa expresa perplejidad: ¿cómo hemos organizado nuestra convivencia para que semejante desprotección sea legal, posible y normalizada?
El pecado que se instala en las estructuras
La categoría de “pecado estructural” explica cómo las decisiones humanas pueden cristalizar en mecanismos que luego condicionan nuestra libertad. Juan Pablo II explicó en ‘Sollicitudo rei socialis’ (36-37) que las estructuras de pecado tienen su origen en actos personales, pero adquieren una consistencia que favorece nuevas injusticias y dificulta su superación.
Reconocerlas no significa diluir la responsabilidad individual en una entidad abstracta llamada sistema. Significa comprender que también somos responsables de las instituciones que sostenemos, de las injusticias que toleramos y de las reformas que omitimos.
Durante mucho tiempo, determinados ambientes eclesiales sospecharon de esta dimensión social del pecado, preocupados por las reducciones colectivistas que subordinaban al individuo a un supuesto destino histórico. Aquella preocupación tenía fundamentos atendibles, pero no debería impedirnos reconocer que también una economía de mercado absolutizada puede someter la vida humana a mecanismos presentados como inevitables.
El mercado desempeña funciones importantes en la producción y distribución de bienes. Sin embargo, cuando se convierte en el criterio supremo de justicia, la persona corre el riesgo de ser valorada según su rentabilidad y, si no, se descarta.
La vivienda pierde su dimensión de hogar y condición humana del arraigo, para significar exclusivamente un activo patrimonial. El problema moral es aceptar ¡que esa reducción es el orden natural de las cosas!
Una santidad que no esconda la cabeza como el avestruz
Esta reflexión cuestiona ciertos modelos de santidad. Nos hemos acostumbrado a una santidad de vidas ejemplares de virtud privada, obediencia, pureza de costumbres y fidelidad a las obligaciones religiosas (por sobre todas las cosas).
Son cualidades valiosas, pero su presentación aislada puede transmitir una imagen empobrecida del seguimiento de Jesús, como si la perfección cristiana consistiera principalmente en evitar faltas personales mientras permanecemos ajenos a los conflictos de la vida pública.
Vista del cartel de una de las calles inventadas por los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid. Foto: EFE
Existe una espiritualidad avestruz, capaz de examinar minuciosamente la conciencia individual y sesgada para no advertir las injusticias que sostienen nuestro bienestar. Su problema no son necesariamente las personas que propone como modelos, cuyas biografías suelen ser más complejas que sus estampas devocionales, sino una selección de virtudes que termina identificando la santidad con la corrección privada y la ausencia de conflictos.
Esa espiritualidad es funcional a un orden social interesado en preservar sus privilegios. También al individualismo neoliberal, que celebra la generosidad privada mientras ignora las responsabilidades colectivas y achaca la pobreza al resultado exclusivo de decisiones personales.
Una religión reducida al consuelo y a la beneficencia corre el riesgo de enseñar paciencia a quienes padecen injusticias sin interrogar suficientemente a quienes se benefician de ellas.
La tradición cristiana ofrece, afortunadamente, otros testimonios: hombres y mujeres cuya santidad fue también la defensa de los trabajadores, la educación popular, el acompañamiento de los excluidos y la denuncia de poderes abusivos, incluso hasta el martirio.
La caridad cristiana posee una dimensión pública que no podemos relegar a una vocación excepcional. La “santidad de la puerta de al lado” también piensa, vota, va a manifestaciones, opina, estudia y lucha para que todo sistema sea más evangélico, incluso el eclesial.
El Estado, la sociedad civil y la caridad política
Francisco impulsó esta dimensión al desarrollar el concepto de caridad política en ‘Fratelli tutti’. Ayudar personalmente a alguien a cruzar un río es un acto de amor; construir el puente que permitirá atravesarlo también lo es (FT 186). La primera acción es proximidad y compasión; la segunda necesita organización, recursos, decisiones institucionales y una visión del bien común.
Ante el desahucio de una anciana, los vecinos, las parroquias y las organizaciones sociales pueden movilizarse para ofrecer ayuda inmediata. Su intervención es indispensable, y el protagonismo de las ONG constituye una expresión valiosa de una sociedad civil capaz de organizar la solidaridad.
Sin embargo, ninguna de estas iniciativas debería servir de excusa para que el Estado eluda su responsabilidad de establecer garantías, prevenir situaciones de exclusión y asegurar condiciones dignas de convivencia que debe en algunos casos, por el principio de subsidiariedad, estimular la producción de bienes de los que el mercado “se olvida”.
Tampoco debemos idealizar al Estado. La corrupción, el clientelismo, el autoritarismo y la apropiación partidista de las instituciones pueden convertirlo en instrumento de intereses particulares. Precisamente por eso, el bien común requiere democracia, controles independientes, participación ciudadana y respeto a la pluralidad.
Los principios de solidaridad y subsidiariedad se necesitan mutuamente: el Estado no debe absorber a la sociedad civil, pero tampoco abandonarla ante problemas que exigen respuestas institucionales.
Una patria que se hace responsable
El patriotismo samaritano nace de la convicción de que amar una patria implica responsabilizarse de las condiciones reales en las que viven sus habitantes. No basta con celebrar sus tradiciones, llenarse de banderas, emocionarse ante sus símbolos o cultivar virtudes privadas.
Una pertenencia fraterna se preocupa activamente para que las familias accedan a una vivienda, los jóvenes tengan oportunidades, los trabajadores, con o sin papeles, tengan salarios dignos y los ancianos y vulnerables de la sociedad sean protegidos.
El samaritano de la parábola se detuvo ante un hombre herido, comprometió sus recursos y organizó la continuidad de sus cuidados. Hoy necesitamos personas dispuestas a detenerse, pero también comunidades capaces de transformar los caminos donde tantos siguen quedando abandonados.
La pregunta de León XIV nos sitúa ante esa responsabilidad compartida. Una espiritualidad que evita sistemáticamente la dimensión política del amor puede conservar una impecable apariencia religiosa, pero vacía una parte esencial del Evangelio.
No basta que estemos bien y nos portemos bien. La santidad cristiana también es participación en la construcción del bien común, allí donde la misericordia personal se convierte en justicia social y la patria aprende a hacerse prójimo en la propia tierra y en el mundo.
