El desahucio de la anciana de 87 años, Maricarmen Abascal, ha propiciado un seísmo social, político y mediático en nuestro país. Más allá de los intereses de unos y de otros, con una reforma legislativa exprés, ha vuelto a poner en el foco el problema de la vivienda. De poco ha servido que la Constitución española reconozca sobre el papel el derecho a una vivienda digna.
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En más de cuatro décadas, los poderes públicos no han sido capaces de promover las condiciones necesarias y establecer normas para combatir la especulación. Así, se ha llegado al actual desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta insuficiente, bañados por alquileres e hipotecas inasumibles o un parque de vivienda social ínfimo comparado con el resto de Europa.
Acampada en la Puerta del Sol como protesta contra la crisis de vivienda en el país. Foto: EFE
Al igual que sucede con otras grietas estructurales de la realidad española, como la educación, ni se vislumbra un debate sereno ni, menos aún, un pacto de Estado.
Recetas efectistas
Al menos, no estaría de más que las Administraciones echaran un vistazo a las propuestas factibles, que no recetas efectistas, que Cáritas Española ha planteado una y otra vez para que el derecho a una vivienda digna no siga desahuciado.
