Las víctimas francesas exigen a León XIV medidas drásticas contra el abuso espiritual en la Iglesia

Más de doscientos afectados de decenas de comunidades envían una carta al Pontífice reclamando el reconocimiento canónico de esta forma de manipulación

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Un grupo de 215 víctimas y familiares de víctimas francesas de abusos espirituales ha enviado una carta formal al papa León XIV. Estas personas pertenecen o han estado vinculadas históricamente a 37 comunidades católicas diferentes del país galo. El documento, enviado por correo con acuse de recibo directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano, exige que el pontífice afronte con decisión el problema del abuso espiritual en la Iglesia francesa, justo cuando faltan menos de tres semanas para su próxima visita al país.



Los firmantes instan a la implementación de recursos reales y concretos para erradicar estas prácticas manipuladoras y reclaman un mayor reconocimiento de este mecanismo de control, el cual sigue siendo un gran desconocido dentro de la propia institución, según recoge La Croix.

Relación de autoridad

Por temor a sufrir represalias judiciales por parte de sus antiguas comunidades o a enfrentarse a una exposición mediática excesiva, la inmensa mayoría de los firmantes optó por mantener el anonimato ante la prensa, aunque sus verdaderos nombres sí figuran en la misiva entregada al Papa. Solo tres de ellos decidieron hablar públicamente: Fabio Barbero, antiguo sacerdote de la Familia Monástica de Belén; Gabriel Laguarigue de Survilliers, actual sacerdote diocesano en Nanterre y ex hermano de San Juan; y la teóloga Bénédicte Nolet de Brauwere, antigua monja de la Comunidad del Cordero.

Estos afectados describen el abuso espiritual como la instrumentalización de Dios y de su supuesta voluntad en el marco de una relación de autoridad o de acompañamiento pastoral. Esta dinámica destructiva implica secuestrar la relación íntima de la persona con Dios, confundir la lealtad a Cristo con la sumisión ciega a una institución e instrumentalizar el concepto de obediencia para anular el discernimiento personal y la distancia crítica. Isabelle Chartier-Siben, victimóloga cuya asociación atiende a numerosos consagrados afectados por este tipo de sumisión y que respaldó formalmente la carta, afirma de manera categórica que estos comportamientos “destruyen profundamente el alma de las personas”.

Múltiples estrategias

Los autores de esta petición subrayan que el abuso espiritual a menudo sirve como la matriz originaria para otras formas de abuso y prepara el terreno para la violencia sexual, pese a lo cual tiende a quedar relegado a un segundo plano en las denuncias públicas. Lamentan profundamente que las investigaciones y peticiones de reforma previas dentro de la Iglesia a menudo solo han resultado en lavados de cara superficiales que no logran abordar el problema de fondo.

Denuncian, además, que algunas comunidades continúan operando por medios sesgados incluso después de haber sido disueltas canónicamente, mientras que otras se niegan a ser cuestionadas, prohibiendo el acceso a sus reglas de vida que contienen disposiciones contrarias al derecho canónico, todo ello bajo una atractiva imagen pública de fervor ejemplar.

Un claro ejemplo de esta falla sistémica se detalló en un informe publicado el 15 de enero de 2026 sobre las Benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre, en el que se exponían 40 años de abusos psicológicos, espirituales, físicos y financieros perpetrados bajo el mandato de una antigua superiora general, situación que empujó a la congregación hacia un funcionamiento calificado como de deriva sectaria.

Aplicar las reformas

Para combatir esta dolorosa realidad, la carta pide al Papa una definición teológica y jurídica clara del abuso espiritual, la creación de organismos independientes encargados de recibir los testimonios de las víctimas, y un estatuto de protección específico para los miembros que actúan como denunciantes, quienes a menudo terminan excluidos y sin recursos económicos. También exigen que las autoridades eclesiales vigilen la aplicación efectiva de las reformas y que apliquen las sanciones previstas por el derecho canónico a las comunidades que ignoren obstinadamente las recomendaciones.

El Vaticano lleva analizando esta cuestión desde el año 2024 a través de un grupo de trabajo conjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para los Textos Legislativos, evaluando si se debe crear un delito canónico específico o precisar las infracciones ya existentes. Sin embargo, firmantes como Fabio Barbero critican la total ausencia de víctimas en estos círculos de estudio, argumentando que se les sigue tratando simplemente como sujetos de compasión en lugar de como expertos capaces de descifrar sus propias vivencias.

El camino hacia la reforma enfrenta considerables cautelas institucionales; en enero de 2025, el cardenal Víctor Manuel Fernández advirtió que una definición demasiado imprecisa del abuso espiritual podría generar un clima de sospecha generalizada, un enfrentamiento de todos contra todos o una cultura de la cancelación. A pesar de esta prudencia eclesiástica, la historia de los escándalos recientes –desde la disolución de Le Verbe de Vie en 2023, pasando por las comisiones independientes de Foyers de Charité en 2025, hasta el anuncio de investigaciones en Chemin-Neuf en la primavera de 2026– demuestra que la verdadera capacidad de las comunidades católicas para reformarse desde sus cimientos sigue siendo un interrogante y un desafío pastoral urgente.

Acto de reconocimiento y reparación a las personas víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

Acto de reconocimiento y reparación a las personas víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Catedral de la Almudena. Madrid. Foto: Infomadrid

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