Fuertes protestas de mineros, obreros e indígenas – vinculados al expresidente Evo Morales – tiene en jaque al gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió como presidente de la República a finales de 2025.
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Las movilizaciones comenzaron a finales de abril. El conflicto escaló el 1.° de mayo cuando la Central Obrera Boliviana (COB) como otros sectores sindicales y campesinos anunciaron un paro indefinido con bloqueos de vías y enfrentamientos con la fuerza pública.
Entre sus demandas se encuentran derogar el Decreto 5503 que eliminó el subsidio a los combustibles, un aumento salarial del 20% para mitigar la inflación descontrolado y el cese de la represión policial.
Además han pedido la total abrogación de la Ley 1720 para proteger las tierras comunales e indígenas de la privatización y, para aumentar la presión, exigen la renuncia inmediata del Presidente.
Las protestas han provocado consecuencias humanitarias y económicas, incluyendo cuatro fallecidos, especialmente en La Paz y El Alto.
Abrir el diálogo real
Los obispos bolivianos, frente a este escenario de crisis, han pedido a las autoridades, dirigentes y sectores movilizados “abrir espacios reales de diálogo y evitar que la tensión continúe creciendo”.
También han sugerido abril corredores humanitarios que permitan el paso de ambulancias, transporte público, alimentos, medicamentos, combustibles y de personas que necesitan atención o deben trasladarse por razones urgentes.
“Ninguna reivindicación por más justa que sea debe atentar contra la vida. Todavía es posible encontrar caminos de entendimiento. El país necesita serenidad, responsabilidad y voluntad de diálogo para superar este momento sin seguir afectando a la población”, indicaron.
Pensar en el bien común
Los prelados denunciaron que estas medidas de presión afectan a muchas familias, porque “se observan problemas para movilizarse, abastecerse de alimentos, medicamentos y combustibles”.
“Esta situación termina afectando sobre todo a quienes viven del trabajo diario y a las personas más sencillas”, agregaron.
Consideran que las exigencias de quienes protestan “son legítimas” y “deben ser escuchadas y atendidas”, pero bajo ningún concepto “deberían aumentar las dificultades de la población ni generar mayores niveles de confrontación”.
Urge pensar primero en la gente y el bien común “por encima de cualquier interés político o sectorial”. Inclusive están dispuesto a servir de mediadores “si las partes así lo consideran necesario, con el deseo de contribuir a la paz social y al bienestar de todos los bolivianos”.
“Este es un llamado clamoroso a todos los sectores en conflicto para deponer intereses políticos, personales o sectoriales y buscar puntos de encuentro y concertación. Todos estamos llamados a priorizar el bienestar de los más desfavorecidos”, finalizaron.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, elegido en 2025 democráticamente. Foto: EFE
