La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina envió una carta al ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Iván Lugones, en la que manifiesta su preocupación por la “grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad en nuestro país”.
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Aseguraron que muchas de estas familias se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención (alimentación, medicamentos y pago de los salarios de quienes se dedican a su cuidado).
Situación real
Los obispos especificaron que en estos días se hizo dolorosamente visible la situación de muchas instituciones que sostienen la silenciosa y generosa tarea que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad. Para ejemplarizar la situación, mencionaron los Cottolengos Don Orione, de gran arraigo en la vida social y comunitaria, que hoy se encuentran en un riesgo real e inmediato para continuar cuidando de 1200 personas con discapacidad.
Recordaron que, desde fines del año pasado, los compromisos de organismos nacionales no se regularizan y las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal. Advirtieron que las consecuencias ya comenzaron a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios. En muchos casos, se trata de residentes que requieren atención integral (alimentación, higienes y actividades vitales).
Comentaron que las obras en peligro de continuidad, nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen un verdadero patrimonio social de nuestra patria. “El respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”, fundamentaron.
Reclamo
Ante la angustiante situación actual, los miembros de la Ejecutiva le pidieron al Ministro, encarecidamente, el cumplimiento de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Y suplicaron por una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable.
Consideraron que la discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. Por tal motivo, en nombre, tanto de instituciones como familias y personas que viven este tiempo con angustia esta situación, reclamaron que “el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, y quedaron a disposición para todo diálogo que pueda contribuir a una solución.
