Las delegaciones de Pastoral Penitenciaria de las diócesis de Galicia han emitido este 18 de febrero un comunicado conjunto mostrando su profunda preocupación ante la reciente Proposición de Ley Orgánica que busca endurecer la respuesta penal frente a la multirreincidencia. La Iglesia gallega advierte de que la reforma, que contempla penas de prisión para delitos leves de hurto o estafa tras acumular tres condenas previas, supone “una respuesta desproporcionada” que amenaza con castigar la exclusión social en lugar de resolverla.
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En la nota hecha pública este miércoles, las delegaciones señalan que su postura nace de la “experiencia diaria de acompañar personas privadas de libertad y sus familias”. Según explican, la realidad que observan en las prisiones gallegas dista mucho de la delincuencia organizada que se suele asociar a estas reformas. Por el contrario, aseguran que estos delitos responden frecuentemente a “contextos de pobreza, exclusión, adicciones o falta de oportunidades reales”.
El riesgo del encarcelamiento automático
El punto más crítico del comunicado se centra en el perfil de las personas afectadas por la nueva normativa. Desde este apostolado subrayan que la llamada multirreincidencia leve no suele describir al “delincuente profesional”, sino a personas sin hogar, con problemas de salud mental o migrantes sin red de apoyo. “Si la respuesta principal es la prisión, corremos el riesgo de que la pobreza se convierta, en la práctica, en un camino casi automático hacia el encarcelamiento”, afirman en el texto. Asimismo, advierten de las consecuencias de estigmatizar determinadas zonas, señalando que “algunos barrios y colectivos pueden quedar señalados más como espacios a vigilar que como realidades que precisan apoyo e inversión social”.
Las diócesis gallegas recuerdan que, tanto la Constitución como la Ley Orgánica General Penitenciaria, orientan la pena hacia la reinserción social, un objetivo que ven peligrar con esta reforma. El comunicado sostiene que ampliar el uso de la cárcel para delitos de subsistencia complica los procesos de recuperación, ya que los antecedentes penales cierran puertas laborales y administrativas. “Sin oportunidades reales, hablar de cambios se hace casi una quimera”, sentencian, añadiendo que cuando el sistema se expande sobre los más frágiles “el riesgo es ahondar en la exclusión en lugar de superarla”. En línea con el magisterio del papa Francisco y su denuncia de la “cultura del descarte”, esta pastoral aboga por una justicia que “no se limite al castigo, sino que busque también la reparación y la reconciliación”.
Frente al endurecimiento del Código Penal, la Pastoral Penitenciaria de Galicia presenta una batería de propuestas centradas en la persona. Consideran urgente “revisar el recurso automático a la prisión en pequeños delitos vinculados a la exclusión” y sustituirlo por mecanismos de justicia restaurativa y mediación que pongan el foco en la “reparación del daño y la asunción de responsabilidades”. Finalmente, instan a las autoridades a reforzar las políticas de prevención social, tales como el acceso a la vivienda, el tratamiento de adicciones y el empleo digno, y a garantizar que cualquier reforma escuche “la voz de quien vive y trabaja en las cárceles”.
