La aprobación por parte del Consejo de Ministros para iniciar los trámites de regularización de cerca de medio millón de migrantes por real decreto ha contado con un respaldo eclesial oficial, tanto desde la Conferencia Episcopal Española como desde la Conferencia Española de Religiosos, además de plataformas como Cáritas.
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No en vano, la Iglesia ha promovido y avivado la Iniciativa Legislativa Popular que recogió más de 700.000 firmas, logró tramitarse en el Congreso de los Diputados, pero que lamentablemente cayó en el dique seco. Sin embargo, en estos últimos días, algunos obispos parecen cuestionar el espíritu de la iniciativa, más allá del oportunismo partidista que pudiera haber detrás.
Sin margen de dudas
Jesús en el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia del último siglo, y el “acoger, promover, proteger e integrar” de Francisco no dejan margen de dudas sobre el porqué y el cómo ha de materializarse la defensa de la dignidad infinita y de la riqueza integral que regala a todos y cada uno el que viene de fuera, resida en un CIE, un convento, un seminario o esté al frente de una parroquia rural o urbana, sea una trabajadora diocesana o un sin papeles sentado en la última fila del templo.
