El primer borrador presentado por la Presidencia brasileña al comienzo de la segunda semana de la COP30, bajo el título de “Global Mutirão”, se había configurado como un texto de carácter profético y abierto. Se trataba del primer borrador a ser sometido a las negociaciones en los siguientes días. Era un mapa de bifurcaciones morales que ofrecía a las delegaciones distintas “opciones” de negociación.

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En él se planteaban caminos explícitos hacia una justicia estructural en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia, incluyendo propuestas audaces como el mandato directo de “transitar para alejarse de los combustibles fósiles”, vinculado a los planes climáticos nacionales (NDCs; párrafo 44, opción 1), y la creación de planes legalmente vinculantes para garantizar la financiación climática (párrafo 57, opción 1). Fue, en esencia, un intento valiente de traducir la urgencia científica y ética en política concreta, antes de pasar por el inevitable filtro del consenso diplomático los días siguientes, cuando las cosas cambiaron radicalmente.

Un pulido significativo

La lectura detenida del Documento final aprobado (L.24), en contraste con el borrador de opciones previamente discutido, pone de manifiesto, una vez más, la clara victoria de la diplomacia del consenso sobre la fuerza de la profecía moral. El texto definitivo ha sido objeto de un pulido significativo, en el que las aristas más afiladas, y necesarias según la Doctrina Social de la Iglesia, han quedado suavizadas. La comparación entre ambos textos revela un tránsito desde un borrador de carácter profético hacia un Documento final de tono pragmático. Las opciones más valientes que aparecían en la primera versión se han desdibujado o desaparecido en la redacción definitiva.

Uno de los silencios más notables se refiere a los combustibles fósiles. En el borrador, la opción 1 del párrafo 44 proponía un lenguaje explícito sobre la necesidad de transitar hacia un abandono progresivo de los combustibles fósiles y detener la deforestación. Sin embargo, en el texto final, ese lenguaje desaparece de los párrafos operativos principales. El párrafo 35 se limita a hablar de la alineación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs), con el objetivo de alcanzar el “global net zero”, sin mencionar directamente petróleo o el gas.

El párrafo 41 introduce el “Global Implementation Accelerator” y hace referencia indirecta al “United Arab Emirates Consensus”, donde sí figuraba el lenguaje sobre fósiles, pero sin repetirlo ni reforzarlo. El resultado es claro: la batalla semántica se perdió y el “elefante en la habitación” se oculta tras el término técnico “Net Zero”.

Otra tensión

La cuestión financiera muestra otra tensión. En el borrador se debatía entre reconocer la necesidad de 1,3 billones de dólares frente a la oferta de 300.000 millones. El Documento final consagra esta brecha: el párrafo 47 admite la necesidad científica de 1,3 billones, mientras que el párrafo 48 fija la meta operativa en 300.000 millones. Se reconoce la deuda ecológica en teoría, pero se deja impaga en la práctica.

En cuanto a los mecanismos de justicia, el borrador proponía un plan vinculante de financiación y una plataforma contra medidas comerciales unilaterales. El texto definitivo rebaja esas propuestas: el párrafo 54 establece un programa de trabajo de dos años, más burocrático que resolutivo, y el párrafo 57 sustituye la idea de una plataforma permanente por un diálogo periódico en órganos subsidiarios.

Desde la perspectiva de la Iglesia y su enseñanza social, el documento presenta luces y sombras. Entre las luces, destaca el reconocimiento histórico de la deuda ecológica en el Preámbulo, donde se admite que las emisiones históricas representan al menos cuatro quintos del presupuesto total de carbono. Este reconocimiento valida la base moral de la deuda ecológica, tal como señala Laudato si’.

Lenguaje de derechos humanos

Asimismo, el texto refuerza el lenguaje de derechos humanos, con especial atención a los pueblos indígenas, sus tierras y conocimientos tradicionales, mientras que sitúa el debate “en el corazón de la Amazonía”. Se evita así un biocentrismo ciego y se integra la dignidad cultural en la protección de la naturaleza, en línea con ‘Querida Amazonía’. Finalmente, el concepto de “Global Mutirão”, presente en el título y en el párrafo 29, introduce en el lenguaje de Naciones Unidas una noción de solidaridad comunitaria que contrasta con el individualismo de mercado.

Sin embargo, las sombras son igualmente evidentes. La sustitución del lenguaje sobre combustibles fósiles por la referencia genérica a “Net Zero” (párrafo 35) refleja el triunfo del paradigma tecnocrático, criticado en ‘Laudate Deum’: confiar en la tecnología y los mercados de carbono como solución, sin abordar la conversión estructural de los modelos de consumo y producción.

La brecha financiera institucionaliza una injusticia, al fijar en 300.000 millones una meta que se sabe insuficiente frente a la necesidad de 1,3 billones. Y la dilación burocrática, con programas de trabajo y diálogos diferidos hacia 2027 o 2028, constituye una falta de responsabilidad moral ante la urgencia climática, tal como advirtió el mismo lunes pasado el papa León en un videomensaje, al señalar que la transición necesaria no avanza por ausencia de decisiones políticas valientes.

Egoísmo de las naciones

En conclusión, el documento final de la COP30 puede describirse como un contenedor ético con contenido diluido. La estructura, el Preámbulo y los principios en cuanto a derechos, historia y el valor de la Amazonía, se alinean con la visión de la Iglesia. Pero las decisiones operativas en torno al dinero y los combustibles fósiles reflejan el egoísmo nacional y la hegemonía del paradigma tecnocrático.

Brasil logró imponer la narrativa de “Mutirão”, la Amazonía y los derechos; el Norte Global, en cambio, impuso la aritmética de los 300.000 millones y el silencio sobre los fósiles. Las cenizas que dejó el incendio ocurrido en la “Blue Zone” en las vísperas del jueves fueron toda una premonición.

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Eduardo Agosta Scarel, O. Carm., es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española (CEE).